By Paula Fuentes (Posted: November 26, 2012)
Los conceptos de transparencia y participación siempre concitan el interés de las personas que nos desenvolvemos en el mundo social y político, ya que entendemos que ambos son fundamentales para alcanzar decisiones sobre asuntos públicos más equitativas y sustentables, condición para una sociedad con mayores niveles de estabilidad y paz social.
Al menos dos son las condiciones que se requieren para lograr decisiones equitativas y sustentables. En primer lugar la información sobre el asunto público que nos interesa debe estar disponible a tiempo y debe ser entendible por todas las personas y grupos que quieren estar presentes en esa decisión. En segundo lugar estos actores interesados deben tener la oportunidad de dar a conocer sus intereses y preocupaciones sobre el tema en cuestión y que estos sean efectivamente considerados en la decisión.
Con estos dos elementos presentes es posible lograr algún nivel de equilibrio entre quienes van a recibir los impactos negativos de esta decisión, lo que significa por lo tanto que ésta será más equitativa ya que sus costos serán distribuidos entre los actores involucrados. También tendrá mayores niveles de sustentabilidad porque será una decisión cuya puesta en marcha será con menores niveles de conflictividad ya que los actores y sus diferentes intereses estuvieron presentes desde un inicio.
Al existir instancias claras para que las personas afectadas por una decisión puedan expresar y ser parte del debate con sus preocupaciones y propuestas es una contribución significativa contribuye a la paz en toda sociedad ya que aminora la conflictividad social. La gente estará menos en la calle y más en las asambleas y reuniones. De esta forma las decisiones serán más transparentes, inclusivas y además permitirán que las personas puedan fiscalizar que las decisiones sean implementadas de la manera acordada.
Podemos decir que nuestra región de América Latina y el Caribe hoy tiene la oportunidad de avanzar en una dirección donde los países puedan abordar sus decisiones sobre asuntos públicos, más específicamente ambiental, de forma más transparente y participativa.
Me refiero al compromiso que 10 gobiernos de América Latina y el Caribe adquirieron en la Cumbre de Río+20 realizada en Junio de este año en Río de Janeiro, Brasil. Los Gobiernos de Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, México, República Dominicana y Uruguay firmaron una Declaración política promovida por el Gobierno de Chile donde se comprometen a estudiar la viabilidad de avanzar hacia un instrumento regional para la adecuada implementación del P10 de la Declaración de Río 1992, Principio al cual suscribieron 178 naciones en esa oportunidad.
Este Principio establece que la ciudadanía tiene derecho a tener acceso a la información, a poder acceder a instancias de participación y a instancias judiciales respecto de cualquier decisión ambiental. Es decir en primer lugar las personas tenemos el derecho a acceder a información en forma oportuna y entendible sobre cualquier decisión con impactos ambientales que nos pueda afectar o interesar. En segundo lugar, tenemos derecho a participar en las toma de decisiones a través de instancias creadas para ello donde podamos influir con nuestras preocupaciones e intereses sobre el tema en cuestión. Y en tercer lugar, el Estado debe establecer procedimientos administrativos y judiciales para que las personas podamos reclamar y/o impugnar una decisión que no nos parece adecuada.
Esta oportunidad de fortalecer la implementación de los derechos de acceso que se ha creado con el liderazgo de los gobiernos y de organizaciones de la sociedad civil, especialmente de la Iniciativa de Acceso es indispensable para una región que vive principalmente del uso y explotación de recursos naturales y que además presenta altos niveles de inequidad.
¿Por qué importa un instrumento regional para que las personas en cada uno de los países podamos ser parte de las decisiones que nos afectan y nos importan?
En primer lugar, un convenio establece un estándar en la materia y nivela lo desarrollado por los países hasta el momento en sus marcos normativos. En segundo lugar un Convenio contempla asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades a los gobiernos. Y por lo mismo éstos podrán recibir apoyo para la implementación de lo establecido en él.
Un Convenio nos dará la oportunidad política de profundizar los niveles de integración de la región a través de un ejercicio colectivo que tomará en cuenta nuestras especificidades socio-económicas y culturales. También un elemento de integración será el fortalecimiento del diálogo entre representantes del Gobierno y de OSC’s, ya que es consustancial a un Convenio sobre esta temática el que la sociedad civil sea un actor principal y permanente durante el proceso.
De esta manera la región logrará un sello de transparencia y reglas del juego claras en materia de acceso a la información, la participación y la justicia.
Las OSC’s que estamos en este proceso creemos que América Latina y el Caribe está preparada para avanzar hacia un convenio regional de carácter vinculante. Este convenio fortalecerá la democracia y las capacidades institucionales para el desarrollo sostenible.
A nivel nacional han habido avances importantes en la materia, tales como marcos legales sobre acceso a la información. Sin embargo estos avances presentan diferentes niveles de desarrollo en los países.
El gran desafío regional es consolidar e implementar lo que está establecido en normas, programas y procedimientos sobre derechos de acceso. Y para esto es clave tanto el apoyo que podrán recibir los gobiernos, como la difusión de los derechos de acceso en la ciudadanía. Así la sociedad civil será un agente clave en asegurar la implementación del P10 en la región.
Este Convenio no será un Convenio más sobre algún asunto ambiental, será un Convenio que regule sobre aspectos fundamentales de la transparencia, la ciudadanía, el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos y por lo tanto sobre el desarrollo sostenible y la democracia.
Luego de firmado este compromiso por los Gobiernos, recientemente se realizó (6 y 7 de Noviembre del 2012) en la sede de la Cepal en Santiago la Primera Reunión de los gobiernos signatarios de la Declaración donde se discutió sobre la importancia del P10 y del nivel actual de implementación en los países de la región. La reunión contó además con la participación de los Gobiernos de Brasil y Colombia como observadores, de expertos de la sociedad civil de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Jamaica, Panamá, Perú y México y de representantes de organismos internacionales con trayectoria en el tema tales como el PNUMA, UNITAR y el Secretariado de la Convención de Aarhus.
Esta reunión tuvo logros relevantes y fue un paso significativo para que nuestra región cuente con un instrumento regional que garantice el ejercicio de estos derechos por parte de la ciudadanía a la vez de apoyar a los Gobiernos para su adecuada implementación. Entre sus logros se pueden destacar los siguientes: el Gobierno de Brasil comunicó su decisión durante el desarrollo de la reunión de integrarse como gobierno signatario al proceso, de esta forma hoy son 11 los Gobiernos en este proceso. En segundo lugar los Gobiernos y los expertos de la sociedad civil tuvimos un diálogo sustantivo y de calidad sobre la importancia que la región avance hacia un instrumento regional y sobre los desafíos que enfrentan los países en la materia y la importancia de estos derechos, llamados los derechos de acceso, en el fortalecimiento de nuestras democracias. En tercer lugar los Gobiernos adoptaron una Hoja de Ruta que bajo la coordinación de los Gobiernos de Chile, México y República Dominicana se comprometieron a preparar un Plan de Acción 2012-2014 que contenga las siguientes acciones: iniciar un proceso de consulta para definir el tipo de instrumento regional, elaborar procedimientos para la participación de la sociedad civil como un actor relevante en el proceso, elaborar un informe de buenas prácticas sobre la implementación del P10 en los países y apoyar con la entrega de información para finalizar el Informe ya iniciado por la Cepal sobre la situación de los derechos de acceso en la región.
Hoja de ruta aprobada. Noviembre del 2012
declaracion principio 10 (español)
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