By Daniel Barragan (Posted: February 19, 2014)
En 1992, Naciones Unidas organizó la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, cuyos resultados se plasmaron en una Declaración de Principios rectores para el derecho ambiental. Uno de ellos, el Principio 10, sobre participación ciudadana, se refiere al acceso a la justicia ambiental. Desde entonces, el Principio 10 ha sustentado un importante desarrollo doctrinario, normativo y jurisprudencial ambiental, a nivel mundial. Este ha sido el caso ecuatoriano, cuya Constitución acogió su esencia con esa jerarquía normativa. El derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva en materia ambiental están actualmente reconocidos en el artículo 397 de la Constitución de la República del Ecuador.
Los aportes doctrinarios revelan que la tutela judicial efectiva en materia ambiental ha sido fundamentalmente estudia da desde una perspectiva de derecho ambiental, en la que se ha priorizado la problemática en torno al acceso a la justicia.
No obstante, este derecho no se agota en lo ambiental ni en el acceso a la justicia; sino que se extiende a la esfera del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido por el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador. A pesar del evidente nexo entre el derecho de acceso a la justicia ambiental y el derecho a la tutela judicial efectiva, entendido como derecho de protección, este enfoque ha sido pocas veces explorado.
Nosotros hemos creído pertinente hacerlo, a fin de proveer elementos de articulación y, ulteriormente, de aplicación del derecho desde una visión constitucional del derecho ambiental. Este es el planteamiento central de la obra.
En el primer capítulo se presenta a la tutela judicial efectiva como un derecho de configuración compleja. Siguiendo el criterio de la doctrina ecuatoriana y comparada, se lo describe como un derecho constitucional, pero también como un deber judicial.
A partir de la jurisprudencia nacional y española se identifican en este derecho los siguientes elementos: derecho de acceso a los órganos judiciales; motivación; derecho a recurrir; ejecución; e, intangibilidad de la resolución judicial.
En el segundo capítulo se presenta y analiza la tutela judicial efectiva desde la perspectiva del derecho ambiental. Se toma nota de la influencia y desarrollo –en las últimas dos décadas del constitucionalismo ambiental, caracterizado por el reconocimiento de derechos y deberes ambientales y de la naturaleza; así como la vigencia de garantías aplicables. En este contexto, se analiza jurisprudencia nacional, sobre todo del Tribunal Constitucional y de la Corte Constitucional, para determinar la importancia de las garantías jurisdiccionales en la tutela efectiva de estos derechos.
En el tercer capítulo se analizan, a manera de estudios de caso, la primera sentencia expedida dentro una acción de protección de derechos a la naturaleza, en la causa conocida como Río Vilcabamba. La sentencia aporta novedosos criterios acerca la tutela judicial efectiva de los derechos de la naturaleza. Adicionalmente, se analiza una resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia para resolver una duda acerca de la ley aplicable para determinar competencia judicial en materia penal ambiental.
Se trata de una resolución histórica, por ser la primera en esta materia, que resalta el importante papel del Poder Judicial en el ámbito jurídico ambiental.
El estudio concluye con una reflexión acerca del futuro de la tutela judicial de los derechos ambientales y los derechos de la naturaleza, en un escenario caracterizado por la necesaria especialización de los órganos jurisdiccionales en esta nueva disciplina jurídica, conforme prevé el Código Orgánico de la Función Judicial.