The Access Initiative

Topics: Access to Justice

4 activistas ambientales son asesinados cada semana. Un nuevo acuerdo regional podría mejorar la situación en América Latina y el Caribe

En un pintoresco pueblo situado en las colinas colombianas, Isabel Zuleta toma la palabra frente a una multitud. La policía, vestida en uniforme militar, los respalda mientras Zuleta habla sobre el derecho al agua, las preocupaciones de la comunidad sobre nuevos diques en el río Cauca, el cual usan para la pesca y otras necesidades, y las inundaciones que ha causado la represa hidroeléctrica de Hidroituango. Muchos temen que los funcionarios del gobierno estén ignorando sus preocupaciones y solicitudes de compensación.

Aunque esta manifestación y las tantas otras que Zuleta ha organizado han sido pacíficas, su trabajo no es sin conflicto. Como líder de Movimiento Ríos Vivos, un grupo dedicado a proteger los ríos de Colombia, organiza foros públicos para que las comunidades puedan expresar sus preocupaciones en relación a represas y minas. También hace lobby con el gobierno para que éste divulgue información sobre los efectos ambientales de este tipo de proyecto y organiza protestas pacíficas. Por su trabajo en defensa de las comunidades y el medio ambiente, Zuleta ha recibido numerosas amenazas de muerte. Otros miembros de Movimiento Ríos Vivos han sufrido difamación, hostigamiento y vigilancia. Hace solo unos años, dos activistas del grupo fueron asesinados.

La violencia contra los defensores del medio ambiente es prevalente no solo en Colombia, que se encuentra entre los tres países con mayor número de asesinatos de defensores, sino en todo el mundo. En 2017, casi cuatro defensores ambientales fueron asesinados por semana en su empeño por proteger sus tierras, su fauna y sus recursos naturales. América Latina es la región más peligrosa—más del 60 por ciento de asesinatos de defensores en 2016 ocurrieron en sus pueblos remotos o en las profundidades de sus bosques tropicales—mientras que las amenazas contra defensores ambientales están creciendo en el Caribe también.

Negociaciando un acuerdo jurídicamente vinculante para mejorar la democracia ambiental y proteger a los defensores

A medida que un creciente número de organizaciones luchan para elevar el perfil de los defensores ambientales y demandar que los gobiernos tomen medidas para reducir la violencia en su contra, gobiernos y grupos de la sociedad civil de América Latina y el Caribe están negociando el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, también conocido como LAC P10. Si se adopta como un acuerdo jurídicamente vinculante, requerirá que los gobiernos establezcan nuevas normas para alcanzar el Principio 10, conocido como el principio de democracia ambiental de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Estas normas aumentarían el acceso de las personas a la información ambiental (como datos de contaminación del agua o concesiones mineras), mejorarían su capacidad para participar en la toma de decisiones ambientales y les ayudarían a exigir que compañías y otros intereses rindan cuentas por acciones que perjudican a comunidades y el medioambiente.

El LAC P10 también incluye requisitos que los gobiernos protejan a las personas que buscan participar en los procesos de toma de decisiones sobre infraestructura, reduciendo así los riesgos que enfrentan los defensores ambientales. Estas estipulaciones innovadoras incluyen:

  • Garantizar un entorno seguro para las personas y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, para que estén libres de amenazas, restricciones e inseguridad;
  • Tomar medidas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores ambientales; e
  • Implementar medidas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones contra defensores ambientales.

Desde que Chile inició las negociaciones del LAC P10 hace más de seis años, más de 20 países se han sumado al proceso. Del 28 de febrero hasta el 4 de marzo de 2018, estos países se reunirán una vez más en Costa Rica para finalizar los términos y decidir de una vez por todas si el acuerdo será legalmente vinculante.

El actual borrador propone que al menos ocho países deberán ratificar el acuerdo para que éste entre en vigor. Será fundamental que los gobiernos que previamente indicaron interés en un acuerdo vinculante firmen el tratado lo antes posible para incentivar a las otras naciones. Organizaciones de la sociedad civil de toda la región están solicitando a líderes regionales, incluyendo Brasil y Argentina, para que apoyen el acuerdo. Si las negociaciones son insuficientes, el LAC P10 no será jurídicamente vinculante, convirtiéndose en poco más de una guía voluntaria que los países podrán implementar—o no.

El acuerdo es especialmente importante en Brasil, Guatemala, México, Honduras, Perú y Colombia, que han sido algunos de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente y la tierra en los últimos años.

Que una persona más muera por proteger el medio ambiente es demasiado. Es hora de que los países den un paso adelante en la defensa de los defensores.

Greenwatch Uganda Champions Information Rights

By Lalanath de Silva (Posted: March 4, 2008)

Laws alone are not enough to ensure environmental protection. Civil society organizations often play a critical role in bringing those laws to life. In Uganda, Greenwatch has done exactly that for the country’s laws on access to environmental information, the first of which passed in 1998.

Under Ugandan environmental law, the public has several opportunities to make its voice heard about new development projects. Projects that might affect the environment of Uganda have to be approved by the National Environment Management Authority (NEMA). Before such projects are approved the developer must perform an Environmental Impact Assessment(EIA), which studies the environmental impacts and examines environmentally friendly alternatives. The law requires that the press announce that the assessment has been performed and that the written results are made available to the public for comment. If comment shows that a project is controversial, NEMA must hold a public hearing.

The public can also challenge NEMA decisions in the Ugandan courts, and that’s where the civil society organization Greenwatch, Uganda (Greenwatch) has distinguished itself. As early as 1999, the organization began suing the government to honor the regulations requiring the assessments.

Although the court refused to stop the signing of the agreement, Greenwatch and other advocates of greater public participation consider the case a partial victory: for the first time, a Ugandan court recognized that concerned advocates could bring a case to vindicate environmental laws. Justice Richard Okumu Wengi of the High Court of Uganda also declared that an assessment and NEMA approval were required before the project could go forward.Greenwatch’s first court challenge of a NEMA decision was to a hydro-electric project funded by the International Finance Corporation and other banks. A utility company – AES Nile Power – was attempting to sign a power purchasing agreement with the Government of Uganda, but the company had not performed an assessment nor had it obtained NEMA approval.

(Citation: NAPE VS AES Nile Power Ltd High Court Misc. cause No. 26 of 1999)

AES Nile Power then proceeded to perform an EIA, and NEMA approved the project. Yet when Greenwatch requested information on the project and the power purchase agreement, the Ugandan Government refused. Review of the power purchase agreement would tell the public if the electricity produced would be affordable and would ease the burden on the environment. Greenwatch sued the Attorney General of Uganda to obtain the document. The court decided that the power purchase agreement and all connected documents were both public documents and therefore ought to be made available to the public.
(Citation: Greenwatch Vs AG & UETCL)

A recent UN report concludes that while Uganda has made remarkable progress in the application of EIA procedures, there is a need to improve key aspects of its application. The report states that there is a “need to further develop approaches to ensure effective public participation in EIA, as well as need to create and strengthen regional and sub-regional EIA networks to complement national efforts for promotion of EIA.”

Greenwatch has also successfully used the space provided for public participation at EIA public hearings to stop the spraying of herbicides on Lake Victoria – the second largest lake in the world and the largest in Africa. Greenwatch produced convincing evidence to show the dangers of pesticide spraying. Greenwatch also showed that the entire operation might not be financially viable because the Ugandan company’s parent company in the U.S.A was bankrupt.

Greenwatch continues to advocate in the public interest today. Most recently, it obtained an interim order against Warid Telecom (U) Ltd., stopping the construction of a telecommunication tower in a residential area. The company had failed to perform an EIA and the residents had fears of a cancerous gas affecting them and the construction noise creating a nuisance. Warid Telecom has challenged these allegations saying that there is no scientific basis for any of them. The application for a temporary injunction will be heard soon.

Greenwatch has been closely associated with The Access Initiative coalition in Uganda and has blazed a trail championing citizen rights of access to information, public participation and access to justice (“access rights”) in environmental matters. It also works closely with the Government of Uganda to train public officers and judges in environmental law.

“Every person has a right to information under the Ugandan Constitution,” says Kenneth Kakuru, the Director of Greenwatch, Uganda. “An Environmental Impact Assessment is a public document.”

Resources and Legal Citations:

Full Judgments and more information can be obtained from the Greenwatch website, www.greenwatch.or.ug.

Freedom of Information Victory in India

By Lalanath de Silva (Posted: January 28, 2008)

For the first time in its ten-year history, the National Environmental Appellate Authority* (NEAA) has overturned a decision by the Government of India, quashing an environmental clearance granted by the Ministry of Environment and Forests. In its decision, the Appellate Authority cited a failure of public participation and access to information.

On December 19, 2007, the NEAA quashed environmental clearance for the Polavaram Multipurpose project granted by the Ministry of Environment and Forests. The project, which would have displaced close to 3000 families (totaling about 200,000 people) in the States of Andhra Pradesh, Orissa and Chattisgarh, was to have included a hydroelectric power component of 960 MW and irrigation facilities. The project was proposed by the State of Andrah Pradesh.

The project was opposed by civil society organizations on the grounds that the required Environmental Impact Assessment had been performed inadequately, and the Ministry of Environment and Forests had failed to conduct any public hearings in the affected States of Orissa and Chattisgarh.

During the hearing, both States contended that the legally required environmental clearance was granted by the Ministry of Environment without considering the opinion of the states though they were affected by submergence.

Immediately after the Appellate Authority’s decision, the State Government (Andrah Pradesh) filed a petition for the Andra Pradesh High Court (the highest court in the State) to review the case. The Court has now temporarily suspended the decision of the Appellate Authority and fixed a hearing for February 11.

The NEAA found that:

  • People to be affected by the project had no access to the executive summary in the notified place
  • People to be affected by the project had no opportunity to participate in public hearings and express their view on the likely environmental impact of the construction of the project

The Appeal against the clearance was filed by Dr R. Sreedhar of Academy for Mountain Environics and represented by Ritwick Dutta. Dutta is a leader of the TAI network in India, and is preparing to launch a formal, TAI assessment of access to justice, public participation, and access to information in Northern India.

*The National Environmental Appellate Authority is the only competent Authority set up by Parliament through an Act to hear appeals from aggrieved/ affected persons against the grant of environmental clearances by the Ministry of Environment and Forests to different projects across the country.

Links