Published: 2009
En el actual contexto normativo e institucional, la participación de la ciudadanía es uno de los ejes fundamentales de la gestión pública en todos sus ámbitos. La nueva Constitución de Montecristi consagra a la participación ciudadana como un derecho y un principio de organización e innovación institucional del Estado para garantizar los derechos de las personas. No podemos olvidar que el desarrollo requiere del aporte y la inclusión de todos los sectores sociales, no sólo como una forma de ser parte activa de su propio desarrollo, sino también como un espacio de corresponsabilidad para con lo público. Es así que la participación ciudadana cumple un rol articulador en los procesos de desarrollo, siempre y cuando ésta sea vista como una necesidad de articular visiones, propuestas, criterios, acciones y compromisos, y no como una mera formalidad para “avalar” procesos.
En la gestión ambiental, la participación ciudadana fundamenta los espacios de interacción de las comunidades, de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores interesados, con el gobierno –nacional y local- en los procesos de toma de decisiones en relación al ambiente. Sin embargo, para que esta participación de la ciudadanía sea eficiente, efectiva y oportuna tiene que ser informada.
En este contexto, la edición del mes de agosto de nuestra serie de policy briefs “Temas de análisis”, analiza la importancia del acceso a la información como un insumo indispensable para la participación ciudadana en la gestión ambiental.