By Daniel Barragan (Posted: November 19, 2014)
El inicio de esta negociación es una buena noticia para la región ya que significa que en el mediano plazo los países de América Latina y el Caribe (ALC) contarán con un instrumento para garantizar un ejercicio efectivo de los derechos de acceso y para una mejor canalización y resolución de los crecientes conflictos socio-ambientales, con el consiguiente mejoramiento de la gobernabilidad democrática.
Con el compromiso asumido el pasado 6 de noviembre en Santiago de Chile por parte de los Gobiernos de Latinoamérica y el Caribe, y que da vida a un comité de negociación de un instrumento jurídico internacional, la ciudadanía de la región está cada vez más cerca de contar con una herramienta de carácter internacional que garantice la aplicación efectiva de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales. Los llamados derechos de acceso, esenciales para la protección de nuestros recursos naturales, la garantía de los derechos de las comunidades y el desarrollo sostenible de nuestros países.
Representantes de 19 países de América Latina y el Caribe firmantes de la Declaración del Principio 10 -que promueve los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales-, junto con representantes de los países observadores y actores de la sociedad civil, se congregaron en la Cuarta Reunión de los Puntos Focales designados por los gobiernos de los países signatarios de la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe realizada del 4 al 6 de noviembre en la sede de la CEPAL en Santiago, Chile. Como resultado de esta reunión se aprobó la Decisión de Santiago, en la cual se incluyeron puntos fundamentales para la continuación de la negociación regional, entre ellos la adopción de los contenidos de San José (provenientes de la anterior reunión de grupos de Trabajo en Costa Rica), como índice de temas para la negociación del instrumento, la creación de un comité de negociación en el que se reafirma la importancia de la participación del público, y la inclusión de nuevos países en la Mesa Directiva encargada de dirigir el proceso.