Published: 2008
In October 2006, the environmental movement welcomed the adoption of the regulation on public participation and consultation in decision making. This fact generated great expectation by the implications in environmental management.
However, in May 2008, President Correa issued a new regulation that governs the mechanisms for social participation in environmental management. In the view of Manolo Morales, President of CEDENMA, “what –the new regulation- pursues is to facilitate the process and make it more expeditious manner that does not become an obstacle to development”.
This new regulation sidelined several important criteria reflected on the previous, for example, consultation pre-implementation and monitoring of impacts generated by the laws, policies and strategies. This creates a gap again, and highlights the need that the processes of policy development involve citizen participation and especially the stakeholders who will be affected (positively or negatively).
At only include participation and consultation processes for environmental impact assessment, can be considered a regulatory setback. But there is also the perception that the previous regulation could not be implemented due to lack of resources, capacity of Ministry of Environment and information. This may have generated in the government the need for a more “real” and operational mechanism.
Nuevo Reglamento de Participación en Ecuador
En octubre de 2006, el movimiento ambiental celebró la aprobación del Reglamento sobre Participación Ciudadana y Consulta Previa. Este hecho generó gran expectativa por las implicaciones que tendría en la gestión ambiental.
Sin embargo, en mayo de 2008, el Presidente Correa emitió un nuevo reglamento que regula los mecanismos de participación social en la gestión ambiental. A criterio de Manolo Morales, Presidente de CEDENMA, “lo que persigue –el nuevo reglamento- es facilitar el proceso y hacerlo más expedito de manera que no se convierta en un obstáculo al desarrollo”.
Este nuevo reglamento deja de lado varios criterios importantes que recogía el anterior, como por ejemplo, la consulta de pre-ejecución y el control de los impactos generados por las normas, políticas y estrategias. Esto último genera nuevamente un vacío, y resalta la necesidad que los procesos de desarrollo normativo cuenten con la participación de la ciudadanía y especialmente de los actores que se verán afectados (positiva o negativamente).
Al únicamente regular la participación y consulta en los procesos de evaluación de impacto ambiental, se puede considerar un retroceso normativo. Sin embargo también existe la percepción que el reglamento anterior no pudo ser aplicado en la práctica por falta de recursos, capacidad del propio Ministerio del Ambiente e información. Esto pudo haber generado en el gobierno la necesidad de contar con un mecanismo más “real” y operativo.