The Access Initiative

4 activistas ambientales son asesinados cada semana. Un nuevo acuerdo regional podría mejorar la situación en América Latina y el Caribe

En un pintoresco pueblo situado en las colinas colombianas, Isabel Zuleta toma la palabra frente a una multitud. La policía, vestida en uniforme militar, los respalda mientras Zuleta habla sobre el derecho al agua, las preocupaciones de la comunidad sobre nuevos diques en el río Cauca, el cual usan para la pesca y otras necesidades, y las inundaciones que ha causado la represa hidroeléctrica de Hidroituango. Muchos temen que los funcionarios del gobierno estén ignorando sus preocupaciones y solicitudes de compensación.

Aunque esta manifestación y las tantas otras que Zuleta ha organizado han sido pacíficas, su trabajo no es sin conflicto. Como líder de Movimiento Ríos Vivos, un grupo dedicado a proteger los ríos de Colombia, organiza foros públicos para que las comunidades puedan expresar sus preocupaciones en relación a represas y minas. También hace lobby con el gobierno para que éste divulgue información sobre los efectos ambientales de este tipo de proyecto y organiza protestas pacíficas. Por su trabajo en defensa de las comunidades y el medio ambiente, Zuleta ha recibido numerosas amenazas de muerte. Otros miembros de Movimiento Ríos Vivos han sufrido difamación, hostigamiento y vigilancia. Hace solo unos años, dos activistas del grupo fueron asesinados.

La violencia contra los defensores del medio ambiente es prevalente no solo en Colombia, que se encuentra entre los tres países con mayor número de asesinatos de defensores, sino en todo el mundo. En 2017, casi cuatro defensores ambientales fueron asesinados por semana en su empeño por proteger sus tierras, su fauna y sus recursos naturales. América Latina es la región más peligrosa—más del 60 por ciento de asesinatos de defensores en 2016 ocurrieron en sus pueblos remotos o en las profundidades de sus bosques tropicales—mientras que las amenazas contra defensores ambientales están creciendo en el Caribe también.

Negociaciando un acuerdo jurídicamente vinculante para mejorar la democracia ambiental y proteger a los defensores

A medida que un creciente número de organizaciones luchan para elevar el perfil de los defensores ambientales y demandar que los gobiernos tomen medidas para reducir la violencia en su contra, gobiernos y grupos de la sociedad civil de América Latina y el Caribe están negociando el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, también conocido como LAC P10. Si se adopta como un acuerdo jurídicamente vinculante, requerirá que los gobiernos establezcan nuevas normas para alcanzar el Principio 10, conocido como el principio de democracia ambiental de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Estas normas aumentarían el acceso de las personas a la información ambiental (como datos de contaminación del agua o concesiones mineras), mejorarían su capacidad para participar en la toma de decisiones ambientales y les ayudarían a exigir que compañías y otros intereses rindan cuentas por acciones que perjudican a comunidades y el medioambiente.

El LAC P10 también incluye requisitos que los gobiernos protejan a las personas que buscan participar en los procesos de toma de decisiones sobre infraestructura, reduciendo así los riesgos que enfrentan los defensores ambientales. Estas estipulaciones innovadoras incluyen:

  • Garantizar un entorno seguro para las personas y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, para que estén libres de amenazas, restricciones e inseguridad;
  • Tomar medidas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores ambientales; e
  • Implementar medidas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones contra defensores ambientales.

Desde que Chile inició las negociaciones del LAC P10 hace más de seis años, más de 20 países se han sumado al proceso. Del 28 de febrero hasta el 4 de marzo de 2018, estos países se reunirán una vez más en Costa Rica para finalizar los términos y decidir de una vez por todas si el acuerdo será legalmente vinculante.

El actual borrador propone que al menos ocho países deberán ratificar el acuerdo para que éste entre en vigor. Será fundamental que los gobiernos que previamente indicaron interés en un acuerdo vinculante firmen el tratado lo antes posible para incentivar a las otras naciones. Organizaciones de la sociedad civil de toda la región están solicitando a líderes regionales, incluyendo Brasil y Argentina, para que apoyen el acuerdo. Si las negociaciones son insuficientes, el LAC P10 no será jurídicamente vinculante, convirtiéndose en poco más de una guía voluntaria que los países podrán implementar—o no.

El acuerdo es especialmente importante en Brasil, Guatemala, México, Honduras, Perú y Colombia, que han sido algunos de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente y la tierra en los últimos años.

Que una persona más muera por proteger el medio ambiente es demasiado. Es hora de que los países den un paso adelante en la defensa de los defensores.

4 Environmental Activists Are Murdered Every Week. A New Agreement Could Help in Latin America and the Caribbean

In a colorful town nestled between Colombia’s rolling hills, Isabel Zuleta speaks to a crowd of 100 people. The police stand behind them dressed in army fatigue, listening to Zuleta talk about the community’s right to water, their concerns about damming the Cauca river they rely on for fishing and other needs, and the floods they’re grappling with from the hydroelectric Hidroituango dam. Many fear that government officials are ignoring their concerns and requests for compensation.

Although this rally and many other demonstrations Zuleta has held have ended peacefully, her work is not without conflict. As leader of Movimiento Rios Vivos, a group dedicated to protecting Colombia’s rivers, she regularly holds public forums to voice communities’ concerns about dams and mines, lobbies the government to release information about projects’ effects on rivers, and leads non-violent protests. She’s received numerous death threats in response to her advocacy. Other Movimiento Rios Vivos members have faced smear campaigns, harassment and surveillance. Two activists in the group were murdered a few years ago.

Violence against environmental defenders runs rampant not only in Colombia, which is among the three countries with the highest number of defender killings, but around the world. In 2017, almost four environmental defenders were killed each week for protecting their land, wildlife and natural resources. Latin America is the most dangerous region, with more than 60 percent of defender deaths in 2016 occurring in its remote villages or deep within its rainforests. Threats against defenders are also on the rise across the Caribbean.

LAC P10: A Legally Binding Agreement to Improve Environmental Democracy and Protect Defenders

But an agreement being negotiated this week could help.

From February 28, 2018 to March 4, 2018 in Costa Rica, countries and civil society groups are negotiating the Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean, also known as LAC P10. If adopted as a legally binding agreement, it would require governments to set new standards to achieve Principle 10, known as the environmental democracy principle of the Rio Declaration on Environment and Development. These legally binding provisions would improve people’s access to environmental information (such as water pollution data or mining concessions details), strengthen their ability to participate in environmental decision-making, and help them hold powerful interests to account for harming communities and the environment.

LAC P10 also includes requirements for governments to protect people seeking to participate in decision-making processes about infrastructure, thereby reducing the risks environmental defenders face. These new ground-breaking provisions include:

  • Guaranteeing a safe environment for people and organizations promoting and defending human rights in environmental matters, so they’re free from threats, restrictions and insecurity;
  • Taking steps to recognize, protect and promote all the rights of environmental defenders; and
  • Implementing measures to prevent, investigate and punish attacks, threats or intimidations against environmental defenders.

Since Chile initiated the LAC P10 negotiations more than six years ago, more than 20 countries have joined the process. This week, they’ll finalize the terms and decide once and for all if the agreement will be legally binding.

The current draft text proposes that at least eight countries must ratify the agreement to bring it into force. It will be critical that governments, which have previously indicated interest in a legally binding agreement, sign the treaty as soon as possible to encourage other nations to endorse it. Civil society organizations across Latin America and the Caribbean are petitioning regional leaders, including those in Brazil and Argentina, to support the agreement. If the negotiations fall short, LAC P10 would not be legally binding, becoming little more than voluntary guidance that countries may or may not implement.

The agreement is especially important for Brazil, Guatemala, Mexico, Honduras, Peru and Colombia, which have been some of the most dangerous places for environmental and land defenders in recent years.

One more person dying to protect the environment is too much. It’s time for countries to take a step forward in defending the defenders.

Protecting Forests with an Unexpected Legal Tool: Freedom of Information Laws

This blog, written by Jessica Webb, Carole Excell and Rachael Petersen,  originally appeared on Insights, World Resources Institute’s blog

Every year the world loses 13 million hectares (32 million acres) of forests, an area about the size of Greece. A critical way to stem this forest loss is to make concessions data about commercial activities that drive over 60 percent of global deforestation more transparent. Without data transparency, it is virtually impossible to tell how well companies are complying with concessions agreements, distinguish between legal and illegal deforestation, and bring those responsible for illegal deforestation to account.

Unfortunately, getting this kind of information in many countries is not easy, as a new study from WRI shows: countries with over half the world’s forests lack comprehensive, accessible information on concessions. Concessions for commercial activities, such as mining, logging and agriculture, are typically allocated to private companies by authorized government entities on lands legally owned or held in trust by the state. This information is critical to enforcing agreements that protect forests.

A recent example is Indonesia, which has some of the world’s richest rainforests and some of its highest deforestation rates. But figuring out the details of Indonesian forest exploitation can be as challenging as it is essential, as a recent Supreme Court decision indicates. In response to a civil society group’s information request, the high court determined that the Ministry of Land and Spatial Planning must hand over detailed maps of the land on which oil palm companies have been licensed to operate. This ruling is a huge step toward greater transparency in the management of Indonesia’s expansive natural resources. It gives journalists, civil society groups and the public the information they need to hold the government and the private sector accountable for deforestation.

Laws that protect citizens’ rights to access information and promote transparency may be a key to protecting and sustainably managing the world’s forests. The WRI study, Logging, Mining and Agricultural Data Transparency: A Survey of 14 Forested Countries, finds that not only are Freedom of Information (FOI) laws effective in getting access to forest information, but countries with FOI laws tend to disclose concession data more proactively than countries without them.

3 Ways to Provide Concessions Data

The study surveyed concessions information for mining, logging and agriculture, noting the different ways this information was made available: proactively, such as through an online data portal; reactively, through an FOI request, or through ad hoc or informal means. Proactively available data is most desirable, as this means it is publicly accessible without the need for requests. Information requests can be an important mechanism to get concessions data if there is no proactive disclosure, and are preferable to no access at all.

Of the 14 heavily forested countries surveyed, eight have FOI laws: Brazil, Canada, Colombia, Indonesia, Liberia, Mexico, Russia and Peru. Researchers tested how these laws were implemented by submitting FOI requests for concessions data, including contracts, maps, lists of permits, ownership information and spatial data. These requests were at least partially successful in all countries where FOI laws were tested.

Researchers were most successful gaining full access to mining data. Four countries provided partial access to both logging and mining data. Agricultural concessions were the most difficult to access in all surveyed countries, where only two of six requests were partially granted (in Indonesia and Liberia). While cost can sometimes be a barrier to accessing official government documents, most information requests in this study did not charge a fee. 

In addition to the relative effectiveness of information requests, the study found that governments in countries with FOI laws release concessions data more proactively than do countries without such laws. For example, the governments of Brazil, Canada and Peru proactively provide data for all sectors for which they grant concessions and have an FOI law, and Mexico, Colombia, and Indonesia, provide proactive data for at least some concessions data. On the other hand, Madagascar, Myanmar, Cambodia and Malaysia lack FOI laws and provide no data proactively.

Though FOI requests can be an important way to get information, larger issues remain. There is still a lack of comprehensive information about where land investments are being made for logging, mining and agriculture in all countries. The study highlights the need for:

  • Adoption of comprehensive FOI laws in countries that lack them now;
  • Civil society to increase use of FOI laws to obtain documents as part of the strategy to monitor and protect forests;
  • Governments to facilitate greater proactive access to concession data by increasing coordination across ministries and between federal and local governments;
  • Donors to invest in building capacity for governments to collate, digitize and share concessions information proactively through online portals and information requests;
  • Voluntary partnership agreements and relevant transparency initiatives should encourage the disclosure of spatial concessions data and ensure standardization across countries.

Even though the Supreme Court decision in Indonesia is a promising move, there is more work to do. It’s time for countries with concessions on forested lands to expand access to concession data and make it priority for immediate action to support enhanced forest monitoring and land use planning, to reduce conflict and to send a message of transparency and accountability to international investors, donors and advocacy groups.

 

Cut and Paste Fraud Suspected in Indian EIA

By Lalanath De Silva (Posted: January 15, 2008)

Right to Information request in India has revealed that an Environmental Impact Assessment (EIA) for a bauxite mining project in Ratnagiri, Maharashtra, was copied at least in part from a Russian EIA for a bauxite mine. Variables in surface water quality, precipitation, bird and mammal densities, number of species and impacts of the projects match. The Indian EIA even listed tree species found only in northern temperate regions, such as Alaska, Norway and Russia.

Since 2005, the Indian Right to Information Act has allowed citizens to expose corruption in government and fraudulent practices in decision-making processes. EIAs are required for certain development projects that have significant impacts on the environment. Hundred of EIAs are being filed throughout India for development projects that range from hydroelectric dams to roadways and mining. Monitoring EIAs to ensure that environmental impacts are considered and eliminated or mitigated has become a huge challenge for civil society organizations. The Right to Information Act has become a useful tool in this Herculean task.The fraud in Ratnagiri, Maharashtra was exposed by Ritwick Dutta, an environmental lawyer with the help of Mark Chernaik, a staff scientist in the Environmental Law Alliance Worldwide network. Ritwick Dutta is also a leader in the The Access Initiative (TAI) India network and will soon launch a TAI assessment for Northern India. The TAI assessment will reveal gaps in laws, institutions and practices relating to transparencyinclusiveness and accountability in government decision-making on environmental matters in Northern India.

The Access Initiative (TAI) seeks to ensure that people have a voice in the decisions that affect their environment and their communities. TAI partners promote transparent, participatory, and accountable governance as an essential foundation for sustainable development. To achieve this goal, partners form national coalitions, assess government progress using a common methodology, raise public awareness, and set priorities for improvements in policy and practice.

India was the site of a pilot TAI assessment; an assessment for the State of Karnataka is proceeding. TAI India partners have worked to achieve changes including intervening in Government efforts to abridge public information and participation rights in the environmental clearance process for development projects.