En un pintoresco pueblo situado en las colinas colombianas, Isabel Zuleta toma la palabra frente a una multitud. La policĂa, vestida en uniforme militar, los respalda mientras Zuleta habla sobre el derecho al agua, las preocupaciones de la comunidad sobre nuevos diques en el rĂo Cauca, el cual usan para la pesca y otras necesidades, y las inundaciones que ha causado la represa hidroelĂ©ctrica de Hidroituango. Muchos temen que los funcionarios del gobierno estĂ©n ignorando sus preocupaciones y solicitudes de compensaciĂ³n.
Aunque esta manifestaciĂ³n y las tantas otras que Zuleta ha organizado han sido pacĂficas, su trabajo no es sin conflicto. Como lĂder de Movimiento RĂos Vivos, un grupo dedicado a proteger los rĂos de Colombia, organiza foros pĂºblicos para que las comunidades puedan expresar sus preocupaciones en relaciĂ³n a represas y minas. TambiĂ©n hace lobby con el gobierno para que Ă©ste divulgue informaciĂ³n sobre los efectos ambientales de este tipo de proyecto y organiza protestas pacĂficas. Por su trabajo en defensa de las comunidades y el medio ambiente, Zuleta ha recibido numerosas amenazas de muerte. Otros miembros de Movimiento RĂos Vivos han sufrido difamaciĂ³n, hostigamiento y vigilancia. Hace solo unos años, dos activistas del grupo fueron asesinados.
La violencia contra los defensores del medio ambiente es prevalente no solo en Colombia, que se encuentra entre los tres paĂses con mayor nĂºmero de asesinatos de defensores, sino en todo el mundo. En 2017, casi cuatro defensores ambientales fueron asesinados por semana en su empeño por proteger sus tierras, su fauna y sus recursos naturales. AmĂ©rica Latina es la regiĂ³n mĂ¡s peligrosa—mĂ¡s del 60 por ciento de asesinatos de defensores en 2016 ocurrieron en sus pueblos remotos o en las profundidades de sus bosques tropicales—mientras que las amenazas contra defensores ambientales estĂ¡n creciendo en el Caribe tambiĂ©n.
Negociaciando un acuerdo jurĂdicamente vinculante para mejorar la democracia ambiental y proteger a los defensores
A medida que un creciente nĂºmero de organizaciones luchan para elevar el perfil de los defensores ambientales y demandar que los gobiernos tomen medidas para reducir la violencia en su contra, gobiernos y grupos de la sociedad civil de AmĂ©rica Latina y el Caribe estĂ¡n negociando el Acuerdo Regional sobre Acceso a la InformaciĂ³n, ParticipaciĂ³n PĂºblica y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, tambiĂ©n conocido como LAC P10. Si se adopta como un acuerdo jurĂdicamente vinculante, requerirĂ¡ que los gobiernos establezcan nuevas normas para alcanzar el Principio 10, conocido como el principio de democracia ambiental de la DeclaraciĂ³n de RĂo sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Estas normas aumentarĂan el acceso de las personas a la informaciĂ³n ambiental (como datos de contaminaciĂ³n del agua o concesiones mineras), mejorarĂan su capacidad para participar en la toma de decisiones ambientales y les ayudarĂan a exigir que compañĂas y otros intereses rindan cuentas por acciones que perjudican a comunidades y el medioambiente.
El LAC P10 también incluye requisitos que los gobiernos protejan a las personas que buscan participar en los procesos de toma de decisiones sobre infraestructura, reduciendo asà los riesgos que enfrentan los defensores ambientales. Estas estipulaciones innovadoras incluyen:
- Garantizar un entorno seguro para las personas y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, para que estén libres de amenazas, restricciones e inseguridad;
- Tomar medidas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores ambientales; e
- Implementar medidas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones contra defensores ambientales.
Desde que Chile iniciĂ³ las negociaciones del LAC P10 hace mĂ¡s de seis años, mĂ¡s de 20 paĂses se han sumado al proceso. Del 28 de febrero hasta el 4 de marzo de 2018, estos paĂses se reunirĂ¡n una vez mĂ¡s en Costa Rica para finalizar los tĂ©rminos y decidir de una vez por todas si el acuerdo serĂ¡ legalmente vinculante.
El actual borrador propone que al menos ocho paĂses deberĂ¡n ratificar el acuerdo para que Ă©ste entre en vigor. SerĂ¡ fundamental que los gobiernos que previamente indicaron interĂ©s en un acuerdo vinculante firmen el tratado lo antes posible para incentivar a las otras naciones. Organizaciones de la sociedad civil de toda la regiĂ³n estĂ¡n solicitando a lĂderes regionales, incluyendo Brasil y Argentina, para que apoyen el acuerdo. Si las negociaciones son insuficientes, el LAC P10 no serĂ¡ jurĂdicamente vinculante, convirtiĂ©ndose en poco mĂ¡s de una guĂa voluntaria que los paĂses podrĂ¡n implementar—o no.
El acuerdo es especialmente importante en Brasil, Guatemala, MĂ©xico, Honduras, PerĂº y Colombia, que han sido algunos de los paĂses mĂ¡s peligrosos para los defensores del medio ambiente y la tierra en los Ăºltimos años.
Que una persona mĂ¡s muera por proteger el medio ambiente es demasiado. Es hora de que los paĂses den un paso adelante en la defensa de los defensores.