The Access Initiative

Topics: Environmental Defenders

4 activistas ambientales son asesinados cada semana. Un nuevo acuerdo regional podría mejorar la situación en América Latina y el Caribe

En un pintoresco pueblo situado en las colinas colombianas, Isabel Zuleta toma la palabra frente a una multitud. La policía, vestida en uniforme militar, los respalda mientras Zuleta habla sobre el derecho al agua, las preocupaciones de la comunidad sobre nuevos diques en el río Cauca, el cual usan para la pesca y otras necesidades, y las inundaciones que ha causado la represa hidroeléctrica de Hidroituango. Muchos temen que los funcionarios del gobierno estén ignorando sus preocupaciones y solicitudes de compensación.

Aunque esta manifestación y las tantas otras que Zuleta ha organizado han sido pacíficas, su trabajo no es sin conflicto. Como líder de Movimiento Ríos Vivos, un grupo dedicado a proteger los ríos de Colombia, organiza foros públicos para que las comunidades puedan expresar sus preocupaciones en relación a represas y minas. También hace lobby con el gobierno para que éste divulgue información sobre los efectos ambientales de este tipo de proyecto y organiza protestas pacíficas. Por su trabajo en defensa de las comunidades y el medio ambiente, Zuleta ha recibido numerosas amenazas de muerte. Otros miembros de Movimiento Ríos Vivos han sufrido difamación, hostigamiento y vigilancia. Hace solo unos años, dos activistas del grupo fueron asesinados.

La violencia contra los defensores del medio ambiente es prevalente no solo en Colombia, que se encuentra entre los tres países con mayor número de asesinatos de defensores, sino en todo el mundo. En 2017, casi cuatro defensores ambientales fueron asesinados por semana en su empeño por proteger sus tierras, su fauna y sus recursos naturales. América Latina es la región más peligrosa—más del 60 por ciento de asesinatos de defensores en 2016 ocurrieron en sus pueblos remotos o en las profundidades de sus bosques tropicales—mientras que las amenazas contra defensores ambientales están creciendo en el Caribe también.

Negociaciando un acuerdo jurídicamente vinculante para mejorar la democracia ambiental y proteger a los defensores

A medida que un creciente número de organizaciones luchan para elevar el perfil de los defensores ambientales y demandar que los gobiernos tomen medidas para reducir la violencia en su contra, gobiernos y grupos de la sociedad civil de América Latina y el Caribe están negociando el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, también conocido como LAC P10. Si se adopta como un acuerdo jurídicamente vinculante, requerirá que los gobiernos establezcan nuevas normas para alcanzar el Principio 10, conocido como el principio de democracia ambiental de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Estas normas aumentarían el acceso de las personas a la información ambiental (como datos de contaminación del agua o concesiones mineras), mejorarían su capacidad para participar en la toma de decisiones ambientales y les ayudarían a exigir que compañías y otros intereses rindan cuentas por acciones que perjudican a comunidades y el medioambiente.

El LAC P10 también incluye requisitos que los gobiernos protejan a las personas que buscan participar en los procesos de toma de decisiones sobre infraestructura, reduciendo así los riesgos que enfrentan los defensores ambientales. Estas estipulaciones innovadoras incluyen:

  • Garantizar un entorno seguro para las personas y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, para que estén libres de amenazas, restricciones e inseguridad;
  • Tomar medidas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores ambientales; e
  • Implementar medidas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones contra defensores ambientales.

Desde que Chile inició las negociaciones del LAC P10 hace más de seis años, más de 20 países se han sumado al proceso. Del 28 de febrero hasta el 4 de marzo de 2018, estos países se reunirán una vez más en Costa Rica para finalizar los términos y decidir de una vez por todas si el acuerdo será legalmente vinculante.

El actual borrador propone que al menos ocho países deberán ratificar el acuerdo para que éste entre en vigor. Será fundamental que los gobiernos que previamente indicaron interés en un acuerdo vinculante firmen el tratado lo antes posible para incentivar a las otras naciones. Organizaciones de la sociedad civil de toda la región están solicitando a líderes regionales, incluyendo Brasil y Argentina, para que apoyen el acuerdo. Si las negociaciones son insuficientes, el LAC P10 no será jurídicamente vinculante, convirtiéndose en poco más de una guía voluntaria que los países podrán implementar—o no.

El acuerdo es especialmente importante en Brasil, Guatemala, México, Honduras, Perú y Colombia, que han sido algunos de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente y la tierra en los últimos años.

Que una persona más muera por proteger el medio ambiente es demasiado. Es hora de que los países den un paso adelante en la defensa de los defensores.

President Trump’s First Week: Is Environmental Democracy in Jeopardy?

During the new president’s first week in office, the Trump administration took actions that could threaten inclusive decision-making on environmental issues—what we refer to as “environmental democracy”—in the United States:

  • On Monday, the administration instituted a “media blackout” at the Environmental Protection Agency (EPA), prohibiting staffers from publishing news releases, blogs, social media posts and new web content.
  • Similar actions were taken at other agencies, including curtailing of communications at the Department of Agriculture, Department of Interior, Department of Health and Human Services and with the National Parks Service.
  • On the same day, the president stated that he plans to “cut regulations by 75 percent, maybe more” to make it faster for businesses to move projects forward.
  • On Tuesday, he issued an executive order to revive the Keystone XL and Dakota Access pipelines, without consulting with the State Department and bypassing further public consultations.
  • On Wednesday, after proposing and then rescinding a directive to remove EPA’s climate change webpage, a spokesperson for the EPA transition team announced that political appointees must review scientific findings on a “case-by-case basis” before releasing them to the public, including routine pollution monitoring data.
  • These actions could not only undermine the government’s ability to protect the environment and public health, but they also erode the foundations of good governance: transparency, public participation and accountability.

Transparency

Citizens can neither understand nor participate in environmental decision-making without having access to objective, scientific information and data. Sound and effective policymaking within government should be based on the best possible information and evidence. Further, the free flow of information is essential for allowing people to reveal wrongdoing and hold officials to account. As a public institution, the EPA is legally required to provide access to critical environmental information, such as air and water pollution monitoring reports, Environmental Impact Assessments, compliance and enforcement data and climate data. Doing so ensures that Americans “have access to accurate information sufficient to effectively participate in managing human health and environmental risk.”

Beyond communications, it is problematic to require that political appointees review the agency’s scientific data—including regarding climate change—before releasing it to the public. This will be the first time that an administration’s appointees will screen such studies.

This directive undermines the EPA’s established Scientific Integrity Policy, which “prohibits all EPA employees, including scientists, managers, and other Agency leadership, from suppressing, altering, or otherwise impeding the timely release of scientific findings or conclusions.”

The administration’s actions also obstruct an integral component of democratic policymaking. To meaningfully engage in political processes, citizens must have access to accurate information that has not been editorialized or modified. Only with unbiased facts can they understand and shape key decisions that impact their local environments.

Public Participation and Accountability

Public participation is the bedrock of environmental democracy; yet the new administration’s plans may undercut this pillar of good governance. While meeting with business leaders during his first day in office, President Trump declared that the government must eliminate regulations and expedite permitting processes for large development projects. Effective, efficient rule-making should be a goal for policymakers, but it must not come at the cost of public participation.

Many of the EPA’s and other agencies’ procedures—such as air and water discharge permits, waste cleanup plans and Environmental Impact Assessments—require a public consultation process. Soliciting public participation allows policymakers to consider the needs of all stakeholders who may be affected by projects like oil and gas extraction and mining and road construction, and enables them to better identify unintended consequences. Long-term, policies developed with community input often get more public support and less resistance because citizens perceive these decisions as fair and legitimate.

The Dakota Access pipeline project showcases the importance of public participation. In July 2016, the Standing Rock Tribe filed a complaint against the U.S. Army Corps of Engineers, the agency that grants permits needed to construct the pipeline. They claimed that, by crossing under the Missouri River, the pipeline posed a serious threat to the community’s clean water and sacred burial grounds. Their complaint further alleged a breach of the National Environmental Policy Act and the National Historic Preservation Act on the grounds of failure to consult with affected parties, adverse effects on water health and failure to assess scared sites.

In December, following weeks of public protests, the Corps decided it would delay the project in order to conduct an Environmental Impact Statement, which would explore alternative routes for the pipeline. This result shows the power and necessity of public participation—people’s involvement is critical for protecting communities and for finding the safest, most appropriate options for infrastructure projects.

But on his second day in office, Trump ordered the Corps to “review and approve [the pipeline] in an expedited manner,” without considering alternative routes or conducting a public consultation. His directive effectively thwarts the public participation process to resolve what has become the biggest joint protest of Native American Indian tribes in decades.

The Way Forward

The United States has long been recognized as a global leader in establishing rights to environmental information, to accurate and objective scientific resources, and to public participation in decision-making processes. It currently holds the third-highest ranking on WRI’s Environmental Democracy Index, which scores countries on their ability to provide these fundamental rights.

The EPA and other government agencies’ mandate to use science to inform policies, to conduct extensive public consultations, and communicate openly with people plays a foundational role in protecting people’s health and the environment. Pursuing and sharing scientific data and evidence is integral to this process. The Trump administration, its agencies and their staff have an obligation to protect and continue America’s strong leadership on environmental democracy.

East Kalimantan Community’s Struggles Underscore the Need for Proactive Transparency in Indonesia

By Carole Excell and Cait O’Donnell (Posted October 28, 2013) 

A special thanks to: Ariana Alisjahbana (WRI) for translating the many steps of JATAM’s right to information (RTI) request.

The Indonesian province of East Kalimantan has experienced a mining boom in the last decade. This boom has been decidedly pronounced in Samarinda, its capital, where more than 70% of the area has been allocated to mining concessions. Mining pits have been excavated near residential communities and then abandoned without reclamation and without proper environmental and safety control. As a result, two children were found dead in a mining pit in the outskirts of Samarinda, East Kalimantan in 2011.

JATAM (the Mining Advocacy Network), responded to these fatalities by using Indonesia Public Disclosure Act or Freedom of Information Act (FOIA) as an advocacy tool. JATAM is a network of non-governmental organizations and community-based organizations working on a number of interconnected issues including human rights, gender, the environment, indigenous peoples, and social justice in relation to the mining, oil, and gas industries. JATAM requested environmental impact assessments (EIA), also referred to as the AMDAL process in Indonesia, for all of the coal mining companies operating throughout East Kalimantan (approximately sixty).The organization hoped that obtaining these assessments—which they are legally guaranteed access to through FOIA —could shed light on local coal mines’ contaminants, the mitigation of impacts from mining activities, the monitoring of mining concessions, and other health and safety concerns.

JATAM embarked on their mission to obtain EIAs for every coal mining operation in January 2012. To date, they continue to work on fulfilling this mission. JATAM’s struggle makes it clear that while Indonesia may have a freedom of information law, actually obtaining the government-held information that directly impacts them is exceedingly difficult for the country’s citizens. Kahar Al Bahri, JATAM East Kalimantan’s Coordinator, describes the process of requesting environmental information under the Indonesia’s Freedom of Information law in an interview on YouTube.

1. JATAM initiated this process on January 12, 2012 by sending a letter to the Provincial Environment Agency in Samarinda, East Kalimantan, Indonesia. JATAM received no response. They sent and re-sent letters to the Provincial Environment Agency in Samarinda, the Environment Agency of East Kalimantan, and the Information Commission of East Kalimantan. Still, JATAM received no response. They filed a formal complaint with the mayor of Samarinda, who claimed that the information is private.

2. JATAM sent a formal complaint to the Information Commission of East Kalimantan, which agreed to mediate a meeting between JATAM and the Environment Agency of East Kalimantan. The Environment Agency, however, did not attend the first meeting. At the second meeting, the Environment Agency’s head denied the legitimacy of JATAM as an organization that could file a FOI request. Through the Information Commission’s mediation, the Environment Agency agreed to give JATAM the EIAs in one month.

3. Less than a month later, the Environment Agency claimed that the meeting did not follow the correct legal procedures and refused to comply with the decision. JATAM involved the local court system and, after several months, the court ruled that the Environment Agency had 8 days to comply with JATAM’s EIA request.

4. As of the date of the interview, The Environmental Agency is delaying the request and only issuing one EIA per week. The attached infographic outlines the timeline and the specifics of each step of JATAM’s EIA request.

The Need for Proactive Disclosure

As the process outlined above indicates, JATAM’s success in acquiring EIAs in East Kalimantan was hard-earned. The battle clearly provides justification for the call by advocates around the world that environmental information needs to be proactively available to members of the public without a request. Proactive Disclosure is the purposeful and anticipatory release of information to the public by government. Proactive Disclosure includes making information available to many potential requestors at once in a timely and efficient manner. In 2010, the International community adopted some specific guidelines in Bali, Indonesia, called the UNEP Bali Guidelines, on access to information, public participation and access to justice in the case of the environment, which recognize that: “Environmental information in the public domain should include, among other things, information about environmental quality, environmental impacts on health and factors that influence them, in addition to information about legislation and policy, and advice about how to obtain information.” Environmental Impact Assessments fall into the category of information in the “public domain” which should be made available without a request for information. This is because they facilitate an understanding of environmental impacts and monitoring of industry performance. However, in practice, as can be seen from the case of JATAM, these essential documents are not online, downloadable, or onsite in accessible forms.

Strengthening the Right to Information for People and the Environment

The Access Initiative (TAI) has been working in Indonesia with our partners Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) and Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WAHLI) to promote proactive transparency and appropriate implementation of Indonesia’s Public Disclosure or FOIA Law. In a two year initiative called ”Strengthening Right to Information for People and the Environment” (STRIPE), we sought to empower communities in Indonesia to improve their environmental health through improved access to information on air and water quality in Serang and Jepara, Indonesia. The STRIPE project also pointed to the deficiencies in the FOI law and to the importance of increasing the capacity of government agencies to proactively release information. Obviously, there is still much work to be done, but it’s encouraging that a handful of dedicated groups are now endeavoring to bring to light the need for access to information. Through perseverance, groups like JATAM, ICEL, and WAHLI will continue to promote the proper implementation of FOI as an advocacy tool. But perhaps more importantly, they’ll push for the recognition that proactive transparency of environmental information is paramount. Proactive transparency will be discussed at the Open Government Partnership Summit in London this week on Civil Society Day. It is timely for the Indonesian government to consider this approach as it takes on the Presidency of the Open Government Partnership. Timely access to environmental information is what open government is about. More information: Read more about STRIPE here Read an article about STRIPE from TechPresident.com