This document outlines the vision and objectives for the 2016 Global Gathering Building a movement on open government for climate action.
Topics: Laws and Regulations
This illustrated handbook for community and civil society organisations gives clear guidance on public engagement in environmental impact assessments.
In Madagascar, the Protected Areas Law (COAP) mandates the manager of national parks (MNP) to manage and run conservation activities within and outside the park. Two decades ago, the manager enacted an internal decision by the Board of the Directors, that local communities can benefit 50% of the park entrance fees and can use the funds to development or agricultural activities. 20 years later, the MNP changed its mind and stopped allocating the 50% to the local communities stating that the funds need to be used to support the creation and extension of other protected areas. This change has had negative impacts on the development of local communities. The object of our Campaign is to ensure that the benefit of 50% from the park entrance fees would be recognized by the Protected Areas Law (COAP) and its implementing decrees as a right and not as a favor to assure an equitable sharing of the benefits from the conservation of protected areas. When the local communities utilize their rights, they contribute positively to the conservation of the protected areas.
#GreenAlert encourages active citizenry, by providing the public with actionable information about development plans, along with tools for citizens to formally engage with the public review and policy formation processes and to connect with citizen or watchdog groups to lobby for citizen inclusion in decision-making processes.
#GreenAlert encourages greater transparency among governments and corporations by reducing secrecy in the decisions that are made about the use of natural resources.
#GreenAlert encourages greater public discourse and greater public participation in development issues, by creating demand-driven platforms for public comments and sharing of expert research or opinions on development by the general public, experts, civil society, media and community members.
Published: 2012
Published: 2012
Published: 2011
El Principio 10 de la Declaración de Río indica que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los interesados, según el nivel que corresponda. Esta participación implica al menos tres aspectos: acceso adecuado a información sobre el ambiente de que dispongan las autoridades públicas; oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones; y acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos.
Transcurridos casi veinte años de la Declaración, el país ha avanzado significativamente en el tratamiento legal e institucional de estos tres aspectos. Contamos con una ley orgánica que regula la obligación estatal de proveer información al público; con algunas disposiciones y jurisprudencia relacionadas con la participación de ciudadanos y colectivos en los procesos de decisión sobre temas ambientales; y con diversas disposiciones legales e innovaciones institucionales de protección judicial del ambiente. Más aún, contamos con una Constitución que ha sido celebrada como progresista en temas ambientales y en la garantía de derechos en general.
A pesar de estos esfuerzos, la participación de todos los interesados no es aún una práctica generalizada en el país en el manejo de las cuestiones ambientales. Las razones son diversas y de distinta índole.
Este manual es un esfuerzo por proveer al público una explicación breve y sencilla sobre los mecanismos disponibles en el Ecuador para ejercer el derecho de acceso a la información ambiental. Partimos de una referencia conceptual sobre qué es información ambiental y cuál es su importancia en la gestión y gobernanza ambiental. Posteriormente, abordamos el derecho de acceso a la información y la normativa vigente, para luego revisar los mecanismos de acceso a la información pública previstos en la Ley y su garantía en la Constitución vigente desde 2008.
El objetivo es presentar las principales herramientas existentes para el acceso a la información previstas en la legislación ecuatoriana y cómo hacer uso de esos mecanismos.
En la nueva Constitución del Ecuador se establecen derechos de participación para la ciudadanía, y nuevos espacios y mecanismos de participación social que permiten que, de una manera formal y legal, los ciudadanos y ciudadanas ejerzan el derecho a la vigilancia, la participación ciudadana y el control social al sector público.
En este contexto, el disponer de información clara, veraz y oportuna es fundamental. Cuando cada ciudadano está bien informado e involucrado en los problemas del país, está más empoderado para cuestionar las decisiones del gobierno y de los decidores del sector empresarial, y más capacitado para involucrarse en los procesos de cambio político y social.
Por otro lado, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y el buen vivir, implica que la información ambiental revista mayor importancia para el desarrollo del país, y para el ejercicio de estos derechos.
El escaso acceso y mal uso de dicha información, si bien se debe en gran medida a la falta de concienciación sobre la problemática ambiental, responde en gran parte a otros actores, como la falta de generación de información ambiental (IA) basada en las necesidades de usuarios, la incoherencia y falta de continuidad de los datos y análisis producidos por entidades del Estado y por instituciones privadas, la inexistencia de canales adecuados para producir y difundir información.
Published: 2012
Presentations from 2012 STRIPE Study Tour: Day 3
Published: 2011
The book outlines key developments in the mining sector with particular focus on transparency and accountability in revenue management, mining taxation, mining contract negotiation, state and community participation in mining, the Kimberley Process and Marange diamonds, corporate social responsibility and generally the environmental, economic, social and cultural rights of communities living near mining areas. The book also contains information on two case study communities affected by mining operations in Zimbabwe namely; Marange and Mutoko where diamond mining and black granite mining is taking place respectively.
Published: 2011
TAI and ARTICLE 19 joint position paper leading up to Rio+20.