The Access Initiative

4 activistas ambientales son asesinados cada semana. Un nuevo acuerdo regional podría mejorar la situación en América Latina y el Caribe

En un pintoresco pueblo situado en las colinas colombianas, Isabel Zuleta toma la palabra frente a una multitud. La policía, vestida en uniforme militar, los respalda mientras Zuleta habla sobre el derecho al agua, las preocupaciones de la comunidad sobre nuevos diques en el río Cauca, el cual usan para la pesca y otras necesidades, y las inundaciones que ha causado la represa hidroeléctrica de Hidroituango. Muchos temen que los funcionarios del gobierno estén ignorando sus preocupaciones y solicitudes de compensación.

Aunque esta manifestación y las tantas otras que Zuleta ha organizado han sido pacíficas, su trabajo no es sin conflicto. Como líder de Movimiento Ríos Vivos, un grupo dedicado a proteger los ríos de Colombia, organiza foros públicos para que las comunidades puedan expresar sus preocupaciones en relación a represas y minas. También hace lobby con el gobierno para que éste divulgue información sobre los efectos ambientales de este tipo de proyecto y organiza protestas pacíficas. Por su trabajo en defensa de las comunidades y el medio ambiente, Zuleta ha recibido numerosas amenazas de muerte. Otros miembros de Movimiento Ríos Vivos han sufrido difamación, hostigamiento y vigilancia. Hace solo unos años, dos activistas del grupo fueron asesinados.

La violencia contra los defensores del medio ambiente es prevalente no solo en Colombia, que se encuentra entre los tres países con mayor número de asesinatos de defensores, sino en todo el mundo. En 2017, casi cuatro defensores ambientales fueron asesinados por semana en su empeño por proteger sus tierras, su fauna y sus recursos naturales. América Latina es la región más peligrosa—más del 60 por ciento de asesinatos de defensores en 2016 ocurrieron en sus pueblos remotos o en las profundidades de sus bosques tropicales—mientras que las amenazas contra defensores ambientales están creciendo en el Caribe también.

Negociaciando un acuerdo jurídicamente vinculante para mejorar la democracia ambiental y proteger a los defensores

A medida que un creciente número de organizaciones luchan para elevar el perfil de los defensores ambientales y demandar que los gobiernos tomen medidas para reducir la violencia en su contra, gobiernos y grupos de la sociedad civil de América Latina y el Caribe están negociando el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, también conocido como LAC P10. Si se adopta como un acuerdo jurídicamente vinculante, requerirá que los gobiernos establezcan nuevas normas para alcanzar el Principio 10, conocido como el principio de democracia ambiental de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Estas normas aumentarían el acceso de las personas a la información ambiental (como datos de contaminación del agua o concesiones mineras), mejorarían su capacidad para participar en la toma de decisiones ambientales y les ayudarían a exigir que compañías y otros intereses rindan cuentas por acciones que perjudican a comunidades y el medioambiente.

El LAC P10 también incluye requisitos que los gobiernos protejan a las personas que buscan participar en los procesos de toma de decisiones sobre infraestructura, reduciendo así los riesgos que enfrentan los defensores ambientales. Estas estipulaciones innovadoras incluyen:

  • Garantizar un entorno seguro para las personas y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, para que estén libres de amenazas, restricciones e inseguridad;
  • Tomar medidas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores ambientales; e
  • Implementar medidas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones contra defensores ambientales.

Desde que Chile inició las negociaciones del LAC P10 hace más de seis años, más de 20 países se han sumado al proceso. Del 28 de febrero hasta el 4 de marzo de 2018, estos países se reunirán una vez más en Costa Rica para finalizar los términos y decidir de una vez por todas si el acuerdo será legalmente vinculante.

El actual borrador propone que al menos ocho países deberán ratificar el acuerdo para que éste entre en vigor. Será fundamental que los gobiernos que previamente indicaron interés en un acuerdo vinculante firmen el tratado lo antes posible para incentivar a las otras naciones. Organizaciones de la sociedad civil de toda la región están solicitando a líderes regionales, incluyendo Brasil y Argentina, para que apoyen el acuerdo. Si las negociaciones son insuficientes, el LAC P10 no será jurídicamente vinculante, convirtiéndose en poco más de una guía voluntaria que los países podrán implementar—o no.

El acuerdo es especialmente importante en Brasil, Guatemala, México, Honduras, Perú y Colombia, que han sido algunos de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente y la tierra en los últimos años.

Que una persona más muera por proteger el medio ambiente es demasiado. Es hora de que los países den un paso adelante en la defensa de los defensores.

La violencia en contra de defensores(as) ambientales y de la tierra en Colombia

En 2016, hubo al menos treinta y siete personas asesinadas por su trabajo de defensa del ambiente y la tierra en Colombia. Los datos de la organización Global Witness ubican al país entre los tres más letales desde al menos 2013. Además de los atentados contra su vida, las y los defensores ambientales y de la tierra en Colombia se enfrentan a amenazas, criminalización y secuestros, entre otros peligros.

Este informe investiga la situación de violencia en contra de defensores(as) ambientales y de la tierra mediante el análisis de las condiciones de riesgo, medidas de prevención y protección para defensores, y las brechas de implementación para reducir los riesgos que enfrentan. El texto se basa en una revisión de la literatura y en entrevistas realizadas con organizaciones de la sociedad civil que trabajan con defensores(as) ambientales y de la tierra en Colombia.

Violence Against Environmental and Land Defenders in Colombia

There were thirty‐seven killings of environmental and land defenders in Colombia in 2016. Global Witness’ data has placed the country among the three deadliest in the world since at least 2013. In addition to attacks on their lives, environmental and land defenders face threats, criminalization, and kidnappings, among other dangers.

This report examines the situation of violence against environmental and land defenders in Colombia through the analysis of risk conditions, prevention and protection measures for defenders, and implementation gaps to reduce the risks that they face. The analysis is based on a literature review and interviews with civil society organizations that work with environmental and land defenders in Colombia.

Regressions in the right of access to environmental information, articles 6 and 7 of the regional agreement

Civil society is extremely disappointed with the regressive nature of the access to information provisions in a region which has some of the strongest right to information legislation in the world. The regional agreement is a backward move in that it fails to meet the standards outlined in the Inter-American Regional model law on access to information and provides no categories or types of environmental information which can be definitively deemed  as public information across the region..

The failure to include an exception regime unbalances the agreement as it provides no substantive guidance on a regional standard for the release of environmental information under reactive regimes. It also fails to provide innovative and progressive mandatory proactive disclosure regime to improve access to critical information including information on emissions, EIA, permits etc.

The main regressions we see in articles 6 and 7 are:

  1. There is no regional standard for an exceptions regime
  2. There is no category of environmental information whose access can never be denied by the states
  3. There is no general duty of states to provide assistance to persons making a request for access to environmental information
  4. There is not a mandatory list of information to be included in environmental information systems
  5. There is regression in the provision of access to public documents that impact the environment

1.There is no regional standard for exceptions

The text adopted in article 6 on access to information, while enshrining the principle of maximum disclosure in paragraph 1, restricts its application by not establishing a clear, limited and standardized system of exceptions for the whole region and instead allows each country to apply its own general domestic regime of exceptions, however restrictive when denying access to information. The exemption regime is critical to the operation of an effective and transparent system of access to environmental information. To create a regional agreement the Parties needed to create a list of information that would be exempt.

 The provision is also incongruous. It indicates that Parties may apply the exceptions. In no country a party applies exceptions, it should be a public authority that applies exceptions

 A clear regime of exceptions would also provide clear guidance to the signatory countries who currently do not have access to information legislation such as St. Kitts and Nevis, Dominica, Grenada and St. Lucia. The list of exemptions that exists does not meet with the standard for the model law in the region and there was no response or substantive discussion with these countries on these provisions.

Finally, the text only encourages each Party to adopt an exception regime that favors the disclosure of information. It does not require this.

2.The text also does not establish any category of environmental information whose access can never be denied by the states.

In the sixth version of the compiled text, Article 6.7 stated that information concerning factors that negatively affect the environment and human health and safety would not be considered as being exempt from disclosure. This article, which was deleted by the states in the negotiation in Argentina, provided for information of fundamental importance to the protection of the right to health and a healthy environment was always brought to the attention of the citizens. Similar articles are included in other instruments of international law such as the Aarhus Convention, which states that information on emissions of pollutants to the environment should always be delivered, and the Inter-American model law on access to information, which states that in no case access to information may be denied in cases of serious violations of human rights or crimes against humanity.

Art 6.6 now contains a vague and unprecedented obligation to ‘take into account’ human rights obligations when applying the exceptions regime. There is no meaningful standard in this article as countries are already obligated to apply the human rights instruments they are parties to. It is unclear how this is expected to operate in this context as it is not expressed as an exemption to the exceptions regime and it does not form part of the public interest test. This will undoubtedly create problems in implementation as it is a binding obligation which is difficult to interpret and apply. This has ramifications both for the public and public authorities as public authorities will have difficulty establishing they have complied with this requirement and the public will have difficulty understanding the scope of this requirement in the first place.

3.The general duty of states to provide assistance to persons making a request for access to environmental information was excluded

Article 6.2. stated certain rights that states must guarantee to the people when a request for environmental information is made such as: make a request without mentioning any special interest or explain the reasons for the request, be informed promptly if the authority has the information requested, and be informed of their right to appeal if the information is not given, however, this article did not include the general duty of states to offer assistance to individuals when making a request. The duty to assist is important to ensure that petitioners receive information in a timely manner. When authorities help petitioners clarify their requests for information they can reduce time spent searching for information. This duty is found on The OAS Inter-American Model Law on Access to Public Information states, s. 25(2) and access to information legislation in Jamaica and Trinidad and Tobago among others. Although Article 5(3) refers to assistance to be provided to the public when exercising access rights, the language used in that article is “shall endeavor” and is therefore non-binding.

4.There is not a mandatory list of information for environmental information systems which must be proactively disclosed.

The failure to provide a regional exception regime is made worse by the refusal of Parties to agree on a minimum set of information which must be proactively released to the public as a regional standard. This will undermine the ability of the public to be able to get access to key environmental information which currently is not available in many countries including permits, EIAs, contracts, monitoring reports, enforcement information. The access to environmental information proactive provisions in the regional agreement do not then substantially take the region forward requiring progressive improvement at the national level. States committed in article 7.3 to have environmental information systems but failed to agree on a mandatory list of information that should be included in environmental information systems, and simply included a list that established certain voluntary guidelines.

5.There is regression in the provision of access to public documents that impact the environment

The regional instrument should address the provision of access to documents and information in relation to the use and exploitation of natural resources. The new Article 7.9 states that: “Each Party shall promote access to environmental information contained in concessions, contracts, agreements or authorizations granted involving the use of public goods, services or resources, in accordance with national legislation.” This article is problematic because it circumvents the standards of many countries whose legislation already enshrines that documents such as concessions and public contracts will be public, and instead provides that the parties will promote access to environmental information in such documents, but not to the whole documents as such. There is much information in these documents that despite not being strictly environmental impacts the environment, and should be public knowledge.

Regresiones en el derecho de acceso a la información, Artículos 6 y 7 del acuerdo regional

La sociedad civil está extremadamente decepcionada con la naturaleza regresiva de las disposiciones sobre el acceso a la información en una región que cuenta con una de las legislaciones más fuertes sobre el derecho a la información en el mundo. El acuerdo regional es un retroceso en el sentido de que no cumple con los estándares esbozados en la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información y no proporciona categorías o tipos de información ambiental que por su naturaleza pueda ser declarada como información pública en toda la región.

El hecho de no incluir un régimen de excepción desestabiliza el acuerdo, ya que no proporciona ninguna orientación sustantiva sobre las normas en toda la región para la liberación de información ambiental bajo regímenes reactivos. El texto tampoco proporciona un régimen de publicación proactivo obligatorio y progresivo para mejorar el acceso a información crítica, incluida información sobre emisiones, estudios de impacto ambiental, permisos, etc.

Las principales regresiones que vemos en los artículos 6 y 7 son:

  1. No existe un estándar regional para un régimen de excepciones
  2. No hay ninguna categoría de información ambiental cuyo acceso nunca pueda ser negado por los estados
  3. No existe un deber general de los Estados de prestar asistencia a las personas que hacen una solicitud de acceso a información sobre el medio ambiente
  4. No existe una lista obligatoria de información que debe incluirse en los sistemas de información ambiental
  5. Existe retroceso en la provisión de acceso a documentos públicos que impactan el medio ambiente
  1. No se crea un estándar regional en el régimen de excepciones

El texto adoptado en el artículo 6 sobre el acceso a la información, aunque consagra el principio de máxima divulgación en el párrafo 1, limita su aplicación al no establecer un sistema de excepciones claro, limitado y estandarizado para toda la región y, en cambio, permite que cada país aplique su régimen domestico de excepciones, así sea mas restrictivo al negar el acceso a la información. El régimen de excepciones es fundamental para el funcionamiento de un sistema eficaz y transparente de acceso a la información ambiental. Para crear un acuerdo regional las partes debían crear una lista de información exenta.

La disposición de 6.5. es también incongruente ya que indica que las Partes pueden aplicar las excepciones. En ningún país una parte aplica excepciones, sino que debe ser una autoridad pública la que aplica las excepciones.

Un régimen de excepciones claro también proporcionaría orientación clara a los países signatarios que actualmente no tienen legislación sobre acceso a la información como San Kits and Nevis, Dominica, Granada y Santa Lucía. La lista de exenciones que existe no cumple con los estándares de la ley modelo en la región y no hubo una respuesta o una discusión sustantiva con dichos países sobre estas disposiciones.

Por último, el texto no establece un requerimiento sino que sólo alienta a cada Parte a adoptar un régimen de excepción que favorezca la divulgación de información.

2. No se estableció ninguna categoría de información ambiental cuyo acceso nunca pueda ser negado por los estados

En el texto compilado sexta versión el articulo 6.7 establecía que la información relativa factores que afectaran negativamente el medio ambiente y la salud y la seguridad humanas no se consideraría exenta de divulgación. Este artículo, que fue borrado por los estados en la negociación en Argentina permitía que información de importancia fundamental para la protección del derecho a la salud y a un medio ambiente sano siempre fuera puesta en conocimiento de los ciudadanos. Artículos similares están incluidos en otros instrumentos de derecho internacional como por ejemplo el Convenio de Aarhus que establece que la información sobre emisiones de contaminantes al medio ambiente siempre deberá ser entregada, y la ley modelo interamericana sobre acceso a la información que establece que en ningún caso se podrá negar el acceso a la información en casos de graves violaciones a los derechos humanos o crímenes contra la humanidad.

El ahora artículo 6.6 contiene obligación vaga y sin precedentes de “tener en cuenta” las obligaciones de derechos humanos al aplicar el régimen de excepciones. No existe un estándar significativo en este artículo porque los países ya están obligados a aplicar los instrumentos de derechos humanos de los que son parte. Además, no está claro cómo se espera que funcione en este contexto, ya que no se expresa como una exención al régimen de excepciones y no forma parte de la prueba de interés público. Esto indudablemente creará problemas en la aplicación, ya que es una obligación vinculante que es difícil de interpretar y aplicar. Esto tiene ramificaciones tanto para el público como para las autoridades públicas, ya que las autoridades públicas tendrán dificultades para establecer que han cumplido con este requisito y el público tendrá dificultades para entender el alcance de este requisito en primer lugar.

3. Se excluyo el deber general de los estados de prestar asistencia a las personas que hacen una petición de acceso a la información ambiental

El Artículo 6.2. estableció ciertos derechos que los Estados deben garantizar a las personas cuando se hace una solicitud de información ambiental como: hacer una solicitud sin mencionar ningún interés especial o explicar los motivos de la solicitud, y ser informado con prontitud si la autoridad tiene la información solicitada.

 Sin embargo, este artículo no incluye el deber general de los Estados de ofrecer asistencia a las personas al hacer una solicitud. El deber de asistencia es importante para asegurar que los peticionarios reciban información de manera oportuna. Cuando las autoridades ayudan a los peticionarios a aclarar sus solicitudes de información, pueden reducir el tiempo dedicado a buscar información. Este deber se encuentra en la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública de la OEA, s. 25 (2) y legislación sobre acceso a la información en Jamaica y Trinidad y Tobago, entre otros. Aunque el apartado 3 del artículo 5 se refiere a la prestación de asistencia al público en el ejercicio de los derechos de acceso, el texto utilizado en dicho artículo es “se esforzará” y, por lo tanto, no es vinculante.

4. No hay una lista obligatoria de información que se deba divulgar proactivamente en el sistema de información ambiental

La falta de un régimen de excepción regional se ve agravada por la negativa de las partes a ponerse de acuerdo sobre un conjunto mínimo de información que debe ser divulgada de forma proactiva al público como un estándar regional. Esto perjudicará la capacidad del público para obtener acceso a información ambiental clave que actualmente no está disponible en muchos países, incluyendo permisos, estudios de impacto ambiental, contratos, informes de monitoreo, información de cumplimiento. Las disposiciones proactivas de acceso a la información ambiental en el acuerdo regional no llevan sustancialmente a la región hacia adelante, requiriendo una mejora progresiva a nivel nacional. Los Estados se comprometieron, en el párrafo 3 del artículo 7, a contar con sistemas de información ambiental, pero no acordaron una lista obligatoria de información que debía incluirse en los sistemas de información ambiental y simplemente incluyeron una lista que establecía ciertas directrices voluntarias.

5. Hay una regresión en el acceso a documentos públicos que impactan el medio ambiente

El instrumento regional debería abordar la provisión de acceso a documentos e información en relación con el uso y la explotación de los recursos naturales. El nuevo artículo 7.9 establece que : “Cada Parte promoverá el acceso a la información ambiental contenida en las concesiones, contratos, convenios o autorizaciones otorgadas que involucren el uso de bienes, servicios o recursos públicos, de acuerdo con la legislación nacional.” Este artículo es problemático porque soslaya los estándares de muchos países en cuyas legislaciones ya se consagra que documentos como las concesiones y contratos públicos, y en vez se establece que las partes promoverán el acceso a la información ambiental de dichos documentos, pero no a los documentos como tal. Hay mucha información en estos documentos que a pesar de no ser estrictamente ambiental si impacta el medio ambiente y por ese debe ser de público conocimiento.

Fighting for Answers, Indonesia’s Poorest Communities Don’t Know What’s in Their Water

This article is the third in a series on WRI’s latest report, Thirsting for Justice: Transparency and Poor People’s Struggle for Clean Water in Indonesia, Mongolia, and Thailand. This post focuses on Indonesia, where industrial runoff is degrading the water fishermen depend on.

Roshadi Jamaludin has fished from his local pond for only three years, but everyone in his village remembers what it was like before the pulp and paper and textile mills started releasing wastewater into the Ciujung River, which fills it. Roshadi, who prefers his nickname, Adi, commented, “Long before the fishpond got affected by pollution, everything was really smooth. There was no disease on the shrimp, crab and milkfish. Their growth was also good.”

For generations, people in Adi’s village of Tengkurak, in Serang, Java, Indonesia, have relied on the Ciujung River as their daily source of water for bathing and cooking. Village fishermen set up enclosed ponds on the bank of the river to raise and sell shrimp and fish. But in the 1990s, after rapid industrialization in the area, community members noticed a significant decline in water quality and suspected that industrial wastewater was to blame. Since then, pond fishermen have noticed drastic decreases in the quality of their catch and in their income. Shrimp populations have declined, with catches falling from 30-50 kilograms to 15-20 kilograms. Adi agrees, “Daily income is not available if there is wastewater. If wastewater goes to the pond, everything is off.”

After years of trying to engage the mills and the Indonesian government through protests, meetings and even the courts, people in Serang are still fighting to restore the Ciujung and protect their livelihoods. Yet even after a 2013 government audit of the main waste contributor found multiple problems with its practices and violations of water pollution laws, the community is still struggling. They want answers about the pollutants contaminating their river and whether the companies are releasing more pollution than allowed under wastewater discharge permits.

“(We received) no notice from government when wastewater came along, came uninvited,” confirms Adi. “Information is desperately needed. When there is wastewater, come discuss in forum. Just to let me know. All is helpful.”

Transparency Laws Ineffective

Adi is not alone. Many communities throughout Indonesia and Asia are struggling to get the information they need to address the impacts from rising industrial pollution and weak enforcement of pollution control laws. As documented in WRI’s new publication, Thirsting for Justice: Transparency and Poor People’s Struggle for Clean Water in Indonesia, Mongolia and Thailand, these Asian governments have strong transparency laws that clearly require the disclosure of environmental information. But inadequate implementation and ineffective disclosure mechanisms are preventing poor, often marginalized community members from getting the local, facility-specific public health information they need.

Indonesia is trying, despite limited budgets and resources. It passed a Right to Know law in 2008 so citizens could request information from the government, implemented a public ratings program showing how industries comply with pollution control laws, and mandated the release of government environmental impact assessments, which set forth standards for private companies and monitoring requirements. It’s developing a public, online environmental database. Despite these efforts, information on local water quality is still not reaching communities like Tengkurak.

Impacts on Participation

Governments in Asia and across the world have recognized access to information as an essential prerequisite for participation and accountability. It can help build public trust in government decisions; ensure proper compliance and enforcement of laws; tailor solutions to local socio-cultural and environmental conditions, and increase a sense of ownership over the process and outcomes. Sharing information clearly with communities can inspire citizen activism and help the government as it works to identify and correct environmental problems.

But without meaningful access to information, local communities are handicapped. For Adi and other communities throughout Indonesia, Mongolia and Thailand, this lack of access is hurting their ability to protect their livelihoods and earn a living. Without the power of knowledge, they can’t hold local government and companies accountable for the impacts of contaminated water, or participate in government decisions about pollution control and enforcement that could help clean up the river.

The report cites numerous examples. In a village in Mongolia, herders fear that mining companies are polluting the Tuul River and making their livestock sick. In Thailand, independent researchers have confirmed that wells in the industrial community of Map Ta Phut are contaminated with mercury and arsenic. But without documentation of water contamination or information about the companies causing the pollution, residents don’t have the facts they need to stop them from violating their permits.

Actions to Improve Transparency

Governments, civil society and international donors have many options to improve responsiveness on water issues. They can release local water pollution information in non-technical formats, like radio broadcasts, pictures and signs that citizens can understand without translation or internet access. They can organize local environmental data and publicly provide accurate, up-to-date information about water use, health risks, and types and amounts of pollutants entering waterways, as well as company-specific data. Civil society organizations and international donors can advocate and invest in initiatives that promote better access to water pollution information.

For now, Adi watches his catches dwindle and his pond degrade. For citizens like him throughout Asia, implementing these recommendations will help ensure he gets the local, facility-specific and public health information he wants. It will ensure he has the power to fight for water justice. 

Left in the Dark on Pollution, Mongolia’s Poorest Communities Must Use Contaminated Water

This article is the second in a series on WRI’s latest report, Thirsting for Justice: Transparency and Poor People’s Struggle for Clean Water in Indonesia, Mongolia, and Thailand. This post focuses on Mongolia, where toxic chemicals from gold mining threaten residents and their herds.

Baasan Tsend, a nomadic herder living in the Mongolian gold mining region of Zaamar, suspects that the water he uses for drinking, bathing and raising his livestock is toxic. Over the past two decades, he’s watched dozens of multi-million-dollar corporations and powerful Mongolian companies pillage his ancestral homeland in search of gold. He’s seen these mines contaminate the groundwater and rivers that have sustained his family’s way of life for generations and consoled neighbors whose animals died after drinking the polluted water.

“We cannot live here,” Tsend says, holding his grandson’s hand. “It is now impossible for any human or animal to drink from that water.”

Like Tsend’s village, poor communities across Mongolia—those that still depend on local water sources—have suffered most from the water pollution that has accompanied the country’s gold rush. Lead, arsenic and other toxic chemicals released during gold extraction processes have leached into Mongolia’s groundwater and flowed untreated into rivers. Exposure to these pollutants can cause severe, long-term health effects, from skin and bladder cancers to irreversible immune system and neurological disorders.

Contaminated water also threatens Mongolian herders’ livelihoods. For many families, livestock are their primary, and often only, source of income. When their animals get sick or die from drinking bad water, herders are left with nothing. They have few financial safety nets and limited economic opportunities.

As the scramble for gold in Tsend’s village heats up again, water pollution is also on the rise across Mongolia and throughout Asia. Each year, industrial facilities dump 300-400 million tons of heavy metals, toxic sludge and other pollutants into the world’s waters, and in Asia, 80-90 percent of wastewater flows untreated back into ground and surface water sources. Yet secrecy around the amount and type of chemicals that companies discharge is still the norm, especially in Asia. Worldwide, 80 percent of countries do not provide comprehensive information on the amount of pollution that companies release into the environment.

A new WRI report, Thirsting for Justice: Transparency and Poor People’s Struggle for Clean Water in Indonesia, Mongolia, and Thailand, examines vulnerable communities’ access to water pollution information in these three countries. It finds that, like many Asian nations, Mongolia, Indonesia and Thailand have all established comprehensive laws that mandate proactive disclosure of water pollution information to the public. Mongolia’s laws, for instance, recognize citizens’ right to obtain environmental data from the government, and establish concrete steps officials must take to release this information to local communities. Yet WRI’s report shows that, despite passing these strong “right to know” laws, Mongolia, Indonesia and Thailand are putting many of their poorest communities at risk by not effectively telling them if their water is safe to use.

Resolving this environmental injustice will require these governments, and others across Asia, to address three barriers that obstruct local communities’ access to information:

Gaps in Local Water Quality Information

Across the world, people need to know if their water sources are too contaminated to drink, cook with, fish or give to their livestock. They need to understand what pollutants companies are releasing into their water sources, how these chemicals will impact their health, which companies are contaminating their waterways and what steps governments have taken to prevent further degradation. Access to this information not only allows families to make more informed choices about their water use, but also enables them to monitor industrial facilities’ compliance with environmental regulations and hold law-breaking polluters to account.

But in Mongolia, Indonesia and Thailand, the data that governments disclose concern ecosystem impacts or threats to overall water quality―not the local, facility-specific and health information that communities need. Mongolia, for instance, does not disclose individual facilities’ pollution discharges, issue permits regulating these discharges or provide companies’ compliance records. Our research partners were also unable to locate any information about health risks associated with using contaminated water, or water quality data for local sources.

In Indonesia, community members face comparable challenges accessing facility-specific information. Although their government publicly rates companies’ compliance with Indonesian environmental regulations, including water pollution controls, officials do not disclose the criteria they use to evaluate compliance. Nor do they release any information on the amount or type of pollutants that facilities dump into local waterways.

Inaccessible Water Pollution Information

The information that Indonesian, Mongolian and Thai governments do release is inaccessible to local community members, many of whom live below the poverty line and reside far from government offices. Villagers in Tsend’s hometown of Tumstii, for example, have few computers and limited internet access, making it nearly impossible for them to navigate national websites or access online databases.

Similarly, when community members in Thailand’s Rayong province submitted information requests to get water data that they couldn’t find online, officials told them that they had to search for the documents in Bangkok—a demand that shifted the burden onto poor villagers to cover travel costs and forfeit a day’s earnings.

Technical, Hard-to-Understand Data

Even when people can successfully access water pollution information, the data that governments provide is so technical that community members cannot understand it. Indonesian fishermen in Serang, a village on the Ciujung River, had to rely on civil society organizations to translate the raw data provided into pictures that they could understand. Mongolian herders also needed local nonprofits to explain the technical responses they obtained through information requests. Community members we interviewed in Thailand received official documents in English, a language they couldn’t speak.

Suffering the Consequences

Without access to pollution information, Tsend can’t protect his grandson from drinking contaminated water. He can’t determine whether it’s safer to give his herd groundwater from a well or let them drink from the river. He can’t meaningfully participate in local decision-making, pressure his government to protect his community from exploitation, or hold companies responsible for environmental violations.

Improving transparency of water pollution data will give Tsend’s village and poor communities throughout Asia access to the information their governments are legally obligated to provide and a voice in the water justice movement. It is an essential first step in claiming their right to clean water. 

RELEASE: Is the Water Safe To Drink? Without Better Access to Pollution Information, Asia’s Poorest People Don’t Know

STOCKHOLM (August 30, 2017) — A new report from World Resources Institute’s (WRI) The Access Initiativereveals that Asian countries are not effectively telling people if the water they use for drinking, farming and fishing is polluted or dangerously toxic. Despite passing strong “right to know” laws, governments are still putting their poorest communities at risk by failing to release pollution information that they are legally required to disclose.

Launching at this year’s World Water Week that focuses on water and waste, the report Thirsting for Justice: Transparency and Poor People’s Struggle for Clean Water in Indonesia, Mongolia, and Thailand examines vulnerable communities’ access to water pollution information. WRI analysis shows that, although governments have passed laws that protect citizens’ right to environmental information and mandate public disclosure of this data, officials are failing to live up to their legal obligation—either proactively or upon request. For example, government agencies in Indonesia and Mongolia ignored 58% and 59% of information requests, respectively.

“The right to information about environmental threats is a human right in itself, and it is also critical to the protection of other human rights,” said John Knox, the United Nations Special Rapporteur on Human Rights and the Environment. “People have the right to know about hazardous pollution in the waterways on which they rely. Governments that fail to provide that information are violating their citizens’ human rights.”

Each year, industrial facilities release upwards of 400 million tons of hazardous pollutants into the worlds’ waters. Yet secrecy around the amount and type of chemicals that companies discharge is still the norm, especially in Asia. Worldwide, 80% of countries do not provide information on the amount of pollution that companies dump into the environment.

Thirsting for Justice analyzes data from state of the environment reports, water quality monitoring portals and other public databases to assess the availability of pollution information that governments are legally obligated to disclose. The report authors also tracked 174 information requests that local community members submitted and spoke with nearly 150 affected people about barriers they faced accessing pollution data.

“Governments’ failure to provide water pollution information is an environmental injustice,” said Elizabeth Moses, report author and environmental democracy specialist at WRI. “Without it, poor, marginalized communities cannot participate in decision-making, let alone hold governments and more powerful corporations accountable for contaminating their local water sources.”

In Thailand, a country with one of the most advanced environmental disclosure regimes in the world, residents of Map Ta Phut, a sprawling industrial estate that hosts more than 140 petrochemical facilities, still don’t know if their water is safe to use. Researchers from nearby organizations and international universities have discovered dangerously high levels of mercury and arsenic in the water, but as the report finds, public access to government pollution data is extremely limited in practice.

“All the government services — municipalities, public health, the Office of the Natural Resources and Environmental Policy and Planning, and the Industrial Estate Authority of Thailand — realize what has been happening with pollution in our community, but they don’t tell or give us the true information … I’ve never received correct and clear information about the water,” said Nangsao Witlawan, former oil refinery worker and Map Ta Phut resident.

When governments do release environmental data, officials often provide limited information that community members can neither access nor understand. For instance, Thai government officials frequently respond to information requests in English, which most Map Ta Phut residents do not speak. In Indonesia, many local fisherman cannot understand the highly technical wastewater information they receive from the government and need it translated into more straightforward formats like pictures or graphics.

“Villagers who fish Indonesia’s Ciujung River need to know what pollutants companies are releasing into their water sources, how these chemicals will impact their health, which companies are responsible and what steps their government has taken to prevent further contamination,” said Henri Subagiyo, Executive Director at the Indonesian Center for Environmental Law. “Yet our government rarely provides such local, facility-specific information, and even when officials do, it’s often so technical that we have to translate it into pictures that the fishermen can understand.”

WRI’s report calls for a radical shift in information sharing to protect people from using contaminated water that could harm their health and economic livelihoods. It recommends that governments release information in non-technical formats, create centralized systems for responding to communities’ information requests and encourage companies to disclose pollution information.

Civil society organizations and international donors also have a role to play. They should invest in building local communities’ capacity to understand water pollution information, advocate for greater government transparency and participate in decision-making.

The full report is available at http://www.wri.org/thirsting-for-justice.

In Thailand

This article is the first in a series on WRI’s latest report, Thirsting for Justice: Transparency and Poor People’s Struggle for Clean Water in Indonesia, Mongolia, and Thailand. This post focuses on a Thai community’s fight for information on industrial water pollution.

Complaints about pollution in Map Ta Phut, Thailand, a sprawling industrial estate south of Bangkok, are not new. For decades, residents have voiced concerns about the pollution pouring from more than 140 petrochemical plants, oil refineries and coal-fired power stations. Researchers from nearby organizations and international universities have confirmed local communities’ fears, discovering dangerously high levels of mercury and arsenic in their water. Many have ranked Map Ta Phut as Thailand’s number one toxic hot spot.

Exposure to these pollutants can cause serious health effects. A 2003 Thailand National Cancer Institute study found unusually high rates of cervical, blood and other cancers in Rayong Province, where Map Ta Phut is located. Provincial public health officials have also reported increased numbers of birth deformities, disabilities and chromosome abnormalities, while environmental activists have claimed that pollution from the estate caused at least 2,000 cancer-related deaths from 1996 to 2009.

Yet the Thai government has not responded to communities’ concerns about health risks or made any significant attempt to clean up the region’s water.

Nangsao Witlawan, a former oil refinery worker and Map Ta Phut resident, has stage four cervical cancer and has unanswered questions about her water. But after meeting with officials and company representatives, she still doesn’t know if the water is safe to use or contaminated.

“All the government services — municipalities, public health, the Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, and the Industrial Estate Authority of Thailand — realized what has been happening with pollution in our community, but they don’t tell or give us the true information,” Witlawan says. “I’ve never received correct and clear information about the water.”

Witlawan’s story, although commonplace across Asia, is surprising in Thailand. On paper, the country has one of the world’s most advanced legal environmental disclosure regimes. Its constitution protects citizens’ right to receive information from the government before the approval or implementation of activities that might have serious environmental, health or quality-of-life impacts on their communities. Nearly ten years ago, it passed strong rules under its Freedom of Information (FOI) law that require officials to proactively disclose environmental and health information to the public. In theory, such legislation should enable Witlawan and all Map Ta Phut residents to access water pollution information. But as a new WRI report finds, implementation of these laws is ineffective, in Thailand and throughout Asia.

The report, Thirsting for Justice: Transparency and Poor People’s Struggle for Clean Water in Indonesia, Mongolia, and Thailand, analyzes vulnerable communities’ access to water pollution information in these three countries. It finds that, like many nations in the region, they have made real progress in protecting citizens’ right to environmental information and enacting laws to ensure governments release water pollution data to local communities. However, as WRI’s study illustrates, weak implementation and limited investments in information disclosure systems are undermining strong “right to know” laws in Thailand, Indonesia and Mongolia. These governments are failing to answer questions about water pollution―information they are legally required to provide.

Proactively Disclosed Information

The Thai, Mongolian and Indonesian governments have made notable progress in establishing “right to know” laws specifying the proactive disclosure of water pollution information. In Thailand, for instance, officials must release companies’ permitting documents, information on the amount of pollutants released, and explanations of public health impacts. Indonesian and Mongolian legislation also mandate that the government provide water quality data, updates on cleanup efforts and information on livelihood impacts. But new research shows that, with few exceptions, these governments are not effectively disclosing the required data, and public access to crucial water pollution information is limited.

Responses to Information Requests

Working with local partners in Thailand, Mongolia and Indonesia, WRI tested the strength of countries’ Freedom of Information laws by tracking 174 local community members’ information requests.

In Indonesia and Mongolia, government agencies ignored over half of information requests, failing to issue even a formal refusal. In some instances, officials asked community members to justify their requests before agreeing to respond, though the law does not require citizens to provide a rationale. Although the Thai government responded to 74 percent of information requests, officials took over 60 days—four times the legally mandated timeframe of 15 days—to reply. Even when officials in all three countries did respond to information requests, they often provided data that related only tangentially to citizens’ questions.

The Ramifications of Poor Implementation

In Map Ta Phut, such poor transparency is undermining public trust in the government. A neighbor of Witlawan’s, Kanis Phonnawin, worries that officials manipulate water pollution data to benefit the estate’s industries. 

“Government agencies paid very little attention to the water problems,” Phonnawin says. “Also, information about each issue released by a government agency always lacks reliability, because most of the information is biased for the sake of petrochemical factories.”

Without the trust of its citizens, a government’s capacity to implement policies, build public support for necessary reforms and enforce the law suffers. A radical shift in information sharing is needed to improve access to water pollution information, restore Phonnawin’s faith in her government, and enable Witlawan to hold companies that do not comply with environmental regulations to account. Improving transparency―not only in Thailand, but across Asia and the developing world―is a critical step forward in the water justice movement.

Protecting Forests with an Unexpected Legal Tool: Freedom of Information Laws

This blog, written by Jessica Webb, Carole Excell and Rachael Petersen,  originally appeared on Insights, World Resources Institute’s blog

Every year the world loses 13 million hectares (32 million acres) of forests, an area about the size of Greece. A critical way to stem this forest loss is to make concessions data about commercial activities that drive over 60 percent of global deforestation more transparent. Without data transparency, it is virtually impossible to tell how well companies are complying with concessions agreements, distinguish between legal and illegal deforestation, and bring those responsible for illegal deforestation to account.

Unfortunately, getting this kind of information in many countries is not easy, as a new study from WRI shows: countries with over half the world’s forests lack comprehensive, accessible information on concessions. Concessions for commercial activities, such as mining, logging and agriculture, are typically allocated to private companies by authorized government entities on lands legally owned or held in trust by the state. This information is critical to enforcing agreements that protect forests.

A recent example is Indonesia, which has some of the world’s richest rainforests and some of its highest deforestation rates. But figuring out the details of Indonesian forest exploitation can be as challenging as it is essential, as a recent Supreme Court decision indicates. In response to a civil society group’s information request, the high court determined that the Ministry of Land and Spatial Planning must hand over detailed maps of the land on which oil palm companies have been licensed to operate. This ruling is a huge step toward greater transparency in the management of Indonesia’s expansive natural resources. It gives journalists, civil society groups and the public the information they need to hold the government and the private sector accountable for deforestation.

Laws that protect citizens’ rights to access information and promote transparency may be a key to protecting and sustainably managing the world’s forests. The WRI study, Logging, Mining and Agricultural Data Transparency: A Survey of 14 Forested Countries, finds that not only are Freedom of Information (FOI) laws effective in getting access to forest information, but countries with FOI laws tend to disclose concession data more proactively than countries without them.

3 Ways to Provide Concessions Data

The study surveyed concessions information for mining, logging and agriculture, noting the different ways this information was made available: proactively, such as through an online data portal; reactively, through an FOI request, or through ad hoc or informal means. Proactively available data is most desirable, as this means it is publicly accessible without the need for requests. Information requests can be an important mechanism to get concessions data if there is no proactive disclosure, and are preferable to no access at all.

Of the 14 heavily forested countries surveyed, eight have FOI laws: Brazil, Canada, Colombia, Indonesia, Liberia, Mexico, Russia and Peru. Researchers tested how these laws were implemented by submitting FOI requests for concessions data, including contracts, maps, lists of permits, ownership information and spatial data. These requests were at least partially successful in all countries where FOI laws were tested.

Researchers were most successful gaining full access to mining data. Four countries provided partial access to both logging and mining data. Agricultural concessions were the most difficult to access in all surveyed countries, where only two of six requests were partially granted (in Indonesia and Liberia). While cost can sometimes be a barrier to accessing official government documents, most information requests in this study did not charge a fee. 

In addition to the relative effectiveness of information requests, the study found that governments in countries with FOI laws release concessions data more proactively than do countries without such laws. For example, the governments of Brazil, Canada and Peru proactively provide data for all sectors for which they grant concessions and have an FOI law, and Mexico, Colombia, and Indonesia, provide proactive data for at least some concessions data. On the other hand, Madagascar, Myanmar, Cambodia and Malaysia lack FOI laws and provide no data proactively.

Though FOI requests can be an important way to get information, larger issues remain. There is still a lack of comprehensive information about where land investments are being made for logging, mining and agriculture in all countries. The study highlights the need for:

  • Adoption of comprehensive FOI laws in countries that lack them now;
  • Civil society to increase use of FOI laws to obtain documents as part of the strategy to monitor and protect forests;
  • Governments to facilitate greater proactive access to concession data by increasing coordination across ministries and between federal and local governments;
  • Donors to invest in building capacity for governments to collate, digitize and share concessions information proactively through online portals and information requests;
  • Voluntary partnership agreements and relevant transparency initiatives should encourage the disclosure of spatial concessions data and ensure standardization across countries.

Even though the Supreme Court decision in Indonesia is a promising move, there is more work to do. It’s time for countries with concessions on forested lands to expand access to concession data and make it priority for immediate action to support enhanced forest monitoring and land use planning, to reduce conflict and to send a message of transparency and accountability to international investors, donors and advocacy groups.